El Tribunal Supremo ha ratificado la condena de un año de suspensión y multa de 200.000 euros que la Sección Octava de la Audiencia de Málaga impuso en enero de 2012 al alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón (PP) por corrupción. La resolución del Alto Tribunal subraya que no se ha vulnerado su derecho a la legítima defensa en el caso Troya. Es más sugiere que la indefensión no es más que un argumento "prefabricado" en una estrategia defensiva "legítima", pero que "ni de lejos" real. El Supremo también ha ratificado la sentencia impuesta por los mismos hechos al concejal de Alhaurín el Grande, Gregorio Guerra".

La Audiencia de Málaga condenó a Juan Martín Serón y a Gregorio Guerra por pedir un soborno de 122.000 euros a un promotor del municipio a cambio de una licencia de obras. La sentencia explicaba que el alcalde y su concejal "jugaban" con la confusión urbanística en el municipio, haciendo una interpretación "laxa o estricta" de las normas según el momento. El arquitecto municipal emitía informes farragosos e ininteligibles pero contrarios a la expedición de las licencias que "por arte de magia" se convertían en "favorables", dando a entender a los interesados que se les había hecho un gran favor.

Ese fue el escenario en el que hicieron creer al promotor y denunciante Jesús Burgos El Perola que sólo podía edificar cuatro o cinco viviendas en un solar aunque luego le autorizaron 14 haciendo ver que se trataba de "un favor que se le concedía graciosamente". Seguidamente empezaron a exigirle dinero a través del edil Gregorio Guerra.

El Perola no solo denunció que estaba siendo sometido a extorsión, sino que, bajo vigilancia policial, acudió a dos entrevistas con el concejal de Urbanismo armado con una grabadora.

Martín Serón recurrió la sentencia ante el Supremo argumentando que era víctima de indefensión porque el escrito de acusación provisional de la Fiscalía era poco concreto. Después, ya durante el juicio, la Fiscalía retiró los cargos contra otros 18 acusados y sólo mantuvo la acusación contra Juan Martín Serón y Gregorio Guerra. El alcalde alegó ante el Supremo que en esa ocasión "presentó una nueva calificación con un novedoso relato de hechos" que desde su punto de vista quebrantaba su derecho a la defensa.

El Supremo no le da validez a ninguno de estos argumentos. Afirma que "los hechos por los que ha sido condenado estaban presentes desde el inicio de las actuaciones", porque la investigación se inicia precisamente tras la denuncia de El Perola. "No se puede sostener con seriedad que esos hechos aparecieran sorpresivamente en las conclusiones definitivas del fiscal, burlando las exigencias del derecho de defensa".

Martín Serón fue detenido en enero de 2007 y quedó en libertad bajo fianza de 100.000 euros. La Fiscalía le atribuía inicialmente cinco delitos de cohecho y dos de prevaricación omisiva, por los que le pedía cuatro años y medio de cárcel, 19 de inhabilitación y 500.000 euros. Después modificó su escrito de acusación y le reclamó tres años y nueve meses de suspensión y dos millones de multa por 13 delitos de cohecho. Finamente, el tribunal le impuso un año de suspensión y 200.000 euros de multa por exigir un soborno de 122.000 euros. La particularidad de la suspensión reside en que una vez cumplida puede volver al cargo público que ocupaba.

La defensa de Juan Martín Serón ha indicado que ahora estudia si presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.