Andalucía

Suprimir el Impuesto de Patrimonio costaría 150 millones a Andalucía

  • La Junta pide que las "grandes fortunas" sigan tributando · 87.000 beneficiarios en la comunidad autónoma · El consejero Griñán reclama compensaciones

La supresión del Impuesto sobre el Patrimonio anunciada ayer por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, libraría a 87.000 contribuyentes andaluces de su pago y supondría para la Junta de Andalucía una merma de 150 millones de euros en sus ingresos anuales según la estimación realizada ayer por el consejero de Economía y Hacienda de la Junta, José Antonio Griñán.

Este último apuntó que la propuesta esbozada por el jefe del Ejecutivo, que figurará en el programa electoral que el PSOE presentará a las elecciones generales del 9 de marzo, deberá ir acompañada de "fórmulas de compensación" para las comunidades a través del nuevo modelo de financiación autonómico, ya que el tipo impositivo del Impuesto sobre el Patrimonio es fijado por el Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado de cada año, aunque su recaudación va directa e íntegramente a parar a las arcas autonómicas. No obstante, no sería Andalucía la más afectada por el establecimiento de un tipo impositivo cero, ya que de los 1.400 millones de euros que se recaudan anualmente en España por este concepto, más de una tercera parte -alrededor de 500 millones de euros- corresponden a la Comunidad de Madrid.

En declaraciones a esta redacción, y en su calidad de miembro del grupo de trabajo que elabora el programa económico del PSOE, Griñán hizo otro punto y aparte respecto al anuncio de Rodríguez Zapatero al mostrarse partidario de que "las grandes fortunas", sin especificar dónde se situaría el listón, queden al margen de la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio, de tal manera que esta oferta electoral de los socialistas -todo un guiño directo hacia los votantes de centro-derecha- no suponga una merma de votos por la izquierda.

El consejero advirtió también que el Impuesto sobre el Patrimonio se mantendría, aunque a coste cero, porque con ello la Administración podrá mantener su capacidad de control sobre los movimientos de capitales.

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