SUSANA Díaz comienza esta mañana en Hospitalet su gira catalana, una visita de dos días durante los que se reunirá con el presidente de la Generalitat, Artur Mas, hablará con varios empresarios y se dirigirá desde un foro de la burguesía barcelonesa a lo que ella entiende como la "centralidad" de Cataluña; es decir, aquéllos que coinciden en que "aún hay margen para la negociación", para encontrar un encaje en España a esta comunidad. Políticamente, la centralidad sería el PSC, Uniò Democrática, que difiere claramente de Convergencia en el apoyo a la independencia de Cataluña, e incluso algunos dirigentes convergentes que callan, pero no comparten la deriva de Artur Mas. Por eso, más que la reunión con el presidente de la Generalitat, que se celebrará mañana lunes, la presidenta andaluza confía en el discurso que pronunciará horas después en el Hotel Palace de Barcelona, donde los organizadores del foro han tenido que cambiar de salón y alquilar el más grande para dar cabida a los inscritos. Y eso que la empresa cobra el cubierto a 50 euros.

¿Y qué hace una presidenta de una comunidad en un debate tan, radicalmente, nacional como es el de Cataluña? ¿Juega a ser en esto un Rajoy o, algo más polémico, un Rubalcaba, su secretario general y con quien ha tenido algunas diferencias respecto al problema catalán? En su entorno tienen una respuesta contundente: representa a 8,5 millones de españoles que también sufrirían con la secesión; en Cataluña hay dos millones de personas de origen andaluz, y la principal entidad financiera de Andalucía es catalana: Caixabank. Pero a estos argumentos objetivos, hay que añadir uno más, de interés político: Susana Díaz quiere dejar su huella en la política nacional y, en este sentido, se está erigiendo en una líder dentro del PSOE. Lo de Barcelona no va a ser un punto y final, explican en su entorno.

Susana Díaz lleva meses preparando esta visita. Ha hablado varias veces con Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero sobre ello; con Chaves y Griñán; con los presidentes de las principales compañías de Íbex, y además ha tenido y tendrá contactos durante estos días con importantes empresarios catalanes. Con Isidro Fainé, presidente de La Caixa, y con José Manuel Lara, de Planeta, tiene bastante buen trato, y a ellos va añadir al conde de Godó, propietario de La Vanguardia, y al abogado Miguel Roca, nacionalista no independentista y, en estos momentos, abogado de la infanta Cristina de Borbón. Que Roca sea quien vaya a presentarla mañana no es casualidad, lo que se trata es de visualizar que ella, una socialista que defiende la existencia de España, y un nacionalista pueden conversar y econtrar soluciones comunes.

Susana Díaz porta una propuesta federalista para Cataluña que pasaría por una reforma de la Constitución. "Mi opinión -ha comentado alguna vez en privado- es que esto tiene otra solución distinta a la del artículo 155 de la Constitución". Este texto posibilita al presidente del Gobierno a adoptar cuantas medidas estime necesarias para obligar a una comunidad autónoma a que no actúe en contra del interés general de España. Sólo necesitaría el apoyo de la mayoría del Senado para, por ejemplo, suspender la autonomía catalana si Artur Mas se empeña en convocar el referéndum independentista.

La presidenta andaluza lleva una propuesta más atractiva que la del PP para los nacionalistas, aunque antes ya dejó claro que su partido también cometió errores respecto a Cataluña. El primero, que Zapatero le dijera al ex presidente Maragall que le enviase el Estatuto que quisiese a Madrid, que contaría con su apoyo. Y no fue así, de hecho Zapatero lo terminó pactando con Esquerra Republicana a espaldas de Maragall y, además, se lo enmendó el Constitucional. Segundo, el PSC apoyó durante meses el llamado derecho a decidir, que, como se ha visto, no es otra cosa que el derecho a la independencia. Finalmente, el primer secretario del PSC, Pere Navarro, ha reconducido la postura de su partido y ha degradado a aquellos parlamentarios que comparten la hoja de ruta de Artur Mas. La postura de Susana Díaz es la de una defensa de España, pero el de un país que podría ser "una nación de naciones".

Si en algo coincide la presidenta andaluza con la mayoría de la opinión pública catalana, y así se lo dirá durante estos días a sus dirigentes es que Cataluña está mal financiada, como Andalucía, pero peor. Sin ser una defensora del concepto de la ordinalidad exacta, Susana Díaz sabe que Cataluña es la tercera comunidad que más recursos aporta al Estado, y es la novena en recibirlos. Andalucía es la décimo segunda, y recibe como décimo tercera. Esta diferencia de puestos entre lo que se paga y lo que se recibe se acotaría con la asunción del principio de ordinalidad: así pago, así recibo, pero eso haría saltar por los aires el principio de solidaridad interterritorial, que sí está garantizado en la Constitución.

Susana Díaz no apoya la ordinalidad pura, pero sí cierto acercamiento, y corrige el defecto de solidaridad con una propuesta de un nuevo sistema de financiación. A saber: Andalucía defenderá que se calcule el coste promedio o estándar que necesita un español para tener cubiertas sus necesidades sociales, educativas y sanitarias, y que se multiplique esa cantidad por el número de habitantes. Es una base de igualdad entre españoles. Una de los asuntos que aún no ha revelado es si esa propuesta incluiría al País Vasco, que no perdería su cupo, pero tendría que ajustarse a ese sumatorio de costes estándar. Por decirlo de modo sencillo, se mantendría el cupo, pero bajaría su cuantía, una notoria suma que en determinados años supone que el Estado sobrefinancie a una de sus comunidades ricas. De hecho, la solución de Susana Díaz sólo pasaría por una mayor contribución del País Vasco y Navarra y una menor dotación a Extremadura.

La propuesta federalista más polémica de Susana Díaz es la del diferente desarrollo que tendría cada comunidad en función de su identidad. No quiere pronunciar la palabra asimetría, pero es eso. Por ejemplo: ¿Hay en Andalucía un deseo de contar con una policía autonómica como el del País Vasco? ¿Tiene sentido que Murcia cuente con una Cámara de Cuentas? Si es así, Cataluña podría aspirar a esa diferencia que siempre ha querido mantener sobre el resto de las comunidades, la negación del café para todos. Más bien café, pero a demanda.