Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) detalla la falta de control de la Consejería de Empleo en las pólizas de prejubilaciones que se suscribieron y señala por primera vez al que fuera delegado provincial de Empleo en Cádiz, Juan Bouza, así como otros responsables de la Junta, en "irregularidades" en el ERE de Delphi.

La sentencia asegura que "puestas de manifiesto una vez más las irregularidades de las autoridades laborales tanto en la autorización del ERE como en la concesión de ayudas sin procedimiento alguno, debe deducirse testimonio para depurar las responsabilidades penales en que hayan podido incurrir el delegado provincial que aprobó el ERE -entonces, Juan Bouza-, el director general que dio la ayuda consistente en el abono de las primas del seguro colectivo de rentas -Francisco Javier Guerrero-, y el viceconsejero de Empleo -entonces, Luis Nieto- que autorizó la refinanciación de la póliza a cargo del erario público, pese a la ausencia de resolución de concesión y compromiso de pago".

La sentencia se produce en favor de Alfonso Cobos, ex trabajador de Delphi y le da la razón en el cobro de una prejubilación que la Junta de Andalucía anuló hace dos años. Más allá del caso particular, el TSJA detalla que "las irregularidades son manifiestas (...) porque por una parte la autoridad laboral, el delegado provincial de Empleo, habría eludido el control de legalidad del ERE al permitir en su caso la inclusión de trabajadores que no reunían los requisitos exigidos y por otra, porque la ayuda socio laboral, aunque pueda concederse directamente sin publicidad y sin concurrencia, la Ley General de Subvenciones en su artículo 28 regula el procedimiento que debe seguirse para las ayudas o subvenciones directas, y del que se ha prescindido absolutamente".