Andalucía

Técnicos critican la "miopía" con la que actuó la Agencia Tributaria

  • Ruiz Espejo señala que la sentencia "haya hecho justicia" con la ciudad pidiendo la "restitución del patrimonio"

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) criticaron la "miopía" de la Agencia estatal Tributaria al no actuar contra la trama corrupta en el ayuntamiento de Marbella al "no detectar el espectacular aumento de patrimonio" del principal implicado, Juan Antonio Roca, que llegó a "amasar una fortuna" de más de 200 millones de euros entre los años 1997 y 2005, a razón de 25 millones de euros anuales mientras ocupaba el puesto de asesor en el consistorio de la ciudad marbellí.

En opinión de Gestha, la Agencia Estatal Tributaria (Aeat) aún no ha cambiado la estrategia de control del fraude y sigue ordenando al 80 por ciento de los técnicos la investigación de los pequeños fraudes e irregularidades de microempresarios, pymes, trabajadores y pensionistas, como es el caso de las comprobaciones que se vienen realizando últimamente a emigrantes jubilados por no declarar en su día la pensión percibida del extranjero.

Los técnicos consideran que la agencia estatal tributaria "saldó el fiasco de no detectar el caso" Malaya simplemente con el cese de su delegado en la provincia de Málaga, José Luis González García, el 28 de julio de 2006, cuando, según Gestha, "esta gran trama de corrupción se hubiera descubierto años antes destinando más técnicos a la investigación de grandes fortunas y empresas, que es donde se concentran siete de cada diez euros defraudados en el país".

Por su parte, el delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, destacó, como primera valoración de la sentencia del caso Malaya, el hecho de que el Tribunal haya querido "hacer justicia" con el municipio malagueño de Marbella, pidiendo "la restitución del patrimonio expoliado".

Ruiz Espejo hacía referencia así a que en la sentencia establezca que "el Tribunal se hace eco del deseo y la esperanza de los ciudadanos de Marbella de que parte del dinero que por decomiso se recaude en este proceso revierta en beneficio de la localidad".

A la espera de conocer en profundidad los fundamentos jurídicos, el delegado de la Junta incidió en que "la sentencia debe empezar a poner punto final a un período negro de la historia de Marbella, un período que debe quedar atrás para que la ciudad pueda labrarse otra vez un futuro con seguridad y esperanza".

"El mero hecho de la celebración de este juicio debe ser un ejemplo para los ciudadanos de que la Justicia ha empezado a funcionar y, lo que es más importante, a reparar el daño causado", manifestó el representante de la Junta en Málaga.

En este sentido, señaló que uno de los objetivos principales debe ser la reparación del daño causado al patrimonio de Marbella y a sus ciudadanos, abogando también por la idea del Tribunal del caso de que se revierta a la ciudad el dinero que se recaude en el proceso, tal como aprobó en su día el Parlamento andaluz.

Ruiz Espejo afirmó que serán los servicios jurídicos de la Junta los que deban estudiar en profundidad una sentencia tan voluminosa, y destacó también el papel de acusación pública de la Comunidad Autónoma, por los perjuicios económicos y urbanísticos causados por esta trama de corrupción. Al respecto, resaltó el papel de la Junta en sus litigios contra el Ayuntamiento de Marbella en la etapa de Jesús Gil y Juan Antonio Roca, ya que se impugnó por primera vez una licencia irregular en 1992 y se recurrieron ante los tribunales 400 permisos urbanísticas del Consistorio marbellí.

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