Desde hace varios meses Alaya había centrado su mirilla de francotiradora judicial sobre los sindicatos, además de sobre los responsables políticos que podrían haber participado alguna manera en el sistema que había permitido el fraude de los ERE. Las sospechas de la juez sobre el cobro de las centrales de parte de las sobrecomisiones vinculadas a las pólizas de prejubilaciones financiadas por la Junta surgieron de la denominada operación Heracles, que Alaya dirigió en marzo y culminó con la detención de 22 personas y la imputación de medio centenar más.

Esta semana, siguiendo esa investigación de la Guardia Civil, Alaya ha dado un paso más al abrir unas nuevas diligencias previas, las quinta que surgen del caso Mercasevilla y en las que se investiga el desvío de fondos de cursos del sindicato UGT al conseguidor de los ERE Juan Lanzas Fernández. Las investigaciones han sido declaradas secretas y se centran sobre el sindicato y los pagos a Lanzas, que según la instructora ganó más de 13 millones en sobrecomisiones a través del entramado societario de empresas pantalla que habría creado para ocultar sus cuantiosos ingresos.

Alaya recuerda que las nuevas diligencias se basan precisamente en el atestado 33/2013 de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el que sirvió de base para la operación Alaya, ahora completada con un oficio de los investigadores del que la instructora deduce la existencia de unos hechos "que pudieran ser constitutivos de nuevos ilícitos penales, así como la constatación de nuevas líneas de investigación distintas de las llevadas a cabo en la presente causa", en alusión al sumario de los ERE.

El atestado de la UCO refleja precisamente que UGT pagó casi ocho millones a una empresa en la que acabó trabajando el propio Lanzas. El conseguidor estuvo vinculado a UGT hasta el 10 de febrero de 2002 y tan sólo dos días después fue dado de alta en el régimen general de la Seguridad Social por la empresa Planificación, Cooperación y Desarrollo, constituida en 1998.

Esta firma declaró operaciones comerciales con empresas utilizadas para introducir en el circuito financiero y económico el dinero procedente de las sobrecomisiones de las pólizas vinculadas a la Junta. La Guardia Civil refleja las operaciones realizadas con Travol 2007, Servicios Inmediatos Andalucía y Conexión en reparto, vinculadas a los testaferros de Lanzas, y concluye que "carecían de cualquier lógica comercial y presuntamente tendrían como único fin el hacer llegar a Juan Lanzas su comisión por la labor desempeñada a favor de Vitalia".

Los investigadores ponen de manifiesto que Planificación, Cooperación y Desarrollo mantuvo "importantes operaciones comerciales" con el sindicato UGT. La Guardia Civil cita, en concreto, unos ingresos declarados de 2.010.624,87 euros con la UGT-A en el período 2000-2010; otros 3.792.364,40 euros con la Federación del Metal, Construcciones y Afines de la UGT (entre 2001 y 2007); 157.227,97 euros con la Federación Estatal de Alimentación y Tabaco; y otros 1.975.292,13 euros con la Federación Agroalimentaria (2003-2007). Todo ello hace pensar a los investigadores en la existencia de una "relación previa, al menos comercial" de Lanzas con esta empresa, lo que "podría haber facilitado o influenciado la relación laboral que posteriormente les unió".

La Guardia Civil también reseña el caso de Instituto y Desarrollo Empresarial, que mantuvo operaciones con la Federación Estatal de Alimentación y Tabaco de UGT únicamente en los años 2000 y 2002, "casualmente años en los que Juan Lanzas ejerció el cargo de secretario general de la Federación de Alimentación en Andalucía, no volviendo a mantener ninguna relación comercial a posterior". Esta empresa declaró haber recibido ingresos por su relación con la Federación por importe de 521.224,05 euros en el año 2000 y de 194.619,52 en 2002.