El vicepresidente y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, advirtió ayer que "Andalucía no aplicará la reforma local" si afecta a las competencias autonómicas, como tampoco se aplicará en otras comunidades, como Galicia, Cataluña, País Vasco o Navarra, aunque como recordó Valderas, "con ellas el Estado ha acordado su no aplicación y en cambio con Andalucía ni se ha dialogado". El vicepresidente andaluz denunció que "el ministro Montoro quiere imponer una reforma inaplicable", y que, de ser así, la Junta la recurrirá ante el Tribunal Constitucional.

Valderas señaló que, además, no se entiende "una reforma local sin financiación" y, desde la Junta, están "obligados a defender a la Administración local y todo lo que comporta, más competencia y mejor financiación". El Ejecutivo andaluz está comprometido "a defender una Administración y una arquitectura política del Estado y de nuestra comunidad autónoma en la que los ayuntamientos en general jueguen un papel especial", repitió Valderas en un discurso de sobras conocido y, en concreto, los de menos de 20.000 habitantes, que, según subrayó, "serán los más afectados por una ley que no sólo va a limitar sus competencias, sino su futuro". Por eso se convocará al Consejo de Concertación Local, para analizar el texto legislativo definitivo de la reforma.

En cuanto a las críticas del PP al Gobierno andaluz por el dinero que adeuda la Junta a los ayuntamientos, Valderas, tras recordar que en el cómputo global los consistorios deben más dinero a la Junta que a la inversa, aseguró que, en cualquier caso, "los ayuntamientos del conjunto de Andalucía tienen la garantía de que la Junta pagará todas las obligaciones reconocidas, aunque otra cuestión es cuándo se lo permite su tesorería". El vicepresidente agregó que no está justificado que un ayuntamiento deje de prestar servicios de dependencia al retrasarse la Junta en el pago de los mismos, ya que la Junta, a pesar de "los recortes" que ha sufrido por parte del Gobierno en esta materia, "no renuncia" a mantener estos servicios.

También la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, se refirió ayer a la reforma local al proclamar que la nueva ley de Servicios Sociales, que pretende garantizar el sistema público de servicios sociales como cuarto pilar del Estado de bienestar, frente a la reforma de la ley de Régimen Local, por la que mostró su "preocupación", ya que "desmonta la cooperación entre comunidades y corporaciones locales y pone en riesgo el desarrollo de estas políticas".