El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, dijo ayer que el próximo curso 2014/2015 será de "transición" hasta que se pueda aprobar la adaptación de la nueva ley de Educación (Lomce), conocida como ley Wert, y por lo tanto no se podrá poner en marcha el próximo curso. Otras comunidades como País Vasco o Cataluña (gobernadas por partidos distintos al PP) también habrían alegado la falta de tiempo para adaptar la normativa en los cursos de Primaria. En la nueva ley se establecía que primero, tercero y quinto de Educación Primaria deben adaptarse al nuevo marco el próximo curso y estas comunidades subrayan que no tienen tiempo para tener aprobado el desarrollo curricular en septiembre.

En el caso de Andalucía, la Junta presenta además medidas "paliativas" a la Lomce, entre ellas, el mantenimiento de Educación para la Ciudadanía y de la Educación Artística, incluida la musical, a la espera de que el Supremo falle sobre una posible suspensión cautelar de los primeros decretos de desarrollo académico de la reforma.

En una nueva escenificación, los consejeros de Educación de Andalucía, Asturias y Canarias comparecieron ayer en Madrid paar exigir al ministro de Educación que concrete ya la financiación que tendrán las autonomías para implantar en septiembre la nueva FP Básica, ya que no se puede poner en marcha algo que no se puede pagar, argumentaron.

Los consejeros socialistas de Educación de esas tres comunidades -Luciano Alonso, Ana González y José Miguel Pérez- han pedido a Educación que convoque una Conferencia Sectorial para este fin, porque el desconocimiento de la dotación económica de esos estudios demuestra "incoherencia, dudas y prisas" de la reforma educativa a tres meses del nuevo curso.

Fuentes del Ministerio de Educación sostuvieron ayer que la Conferencia Sectorial de Educación se celebrará este mes de junio como ya anunció el ministro en la última reunión que mantuvo con los responsables de las comunidades autónomas en esta materia.

De otra parte, el Consejo de Ministros aprobó ayer el real decreto por el que se establecen los requisitos de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado, ya que con la reforma educativa desaparece la Selectividad a partir del curso 2017/18. Las universidades serán las que determinan, de conformidad con distintos criterios de valoración, la admisión a estas enseñanzas.