La abogada de la familia materna de Ruth y José, María del Reposo Carrero, tachó ayer de "verdaderamente grave" que la técnico de antropología de la Comisaría General de Policía Científica que concluyó que los restos óseos hallados en la finca de Las Quemadillas eran de animales "no haya querido analizarlos otra vez, ver si se había equivocado o simplemente ratificar su informe". Según expresó ayer la letrada de la acusación particular, es también "muy grave que sus jefes no le hayan ni siquiera invitado a hacerlo, incluso el propio ministro del Interior, Jorge Fernández". A juicio de la acusación particular, la cúpula de la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil "debió poner a trabajar a todos los técnicos de la Científica en los restos antes de que salieran a la opinión pública los resultados del segundo y tercer informe".

Por todo ello, manifestó que el hecho de que destituyan a la forense "no nos aporta nada en absoluto". "Todo profesional puede equivocarse, pero de necios es no rectificar, lo que hubiera resuelto todo mucho antes y no hubiera creado tanto dolor a la familia", dijo. Esta situación, tal y como indicó Carrero, "no sólo incumbía a la técnico, sino también principalmente al propio ministro y a sus jefes". Sobre la Policía Judicial, dijo que ha hecho "un trabajo encomiable en Madrid, en Córdoba y en Huelva". "En suma, lo malo no es haber errado sino no haber rectificado pudiendo y debiendo hacerlo", enfatizó la letrada onubense, a la par que aseguró darle igual que la destituyan o no porque "me es indiferente". Remarcó, no obstante, que "las culpas de esta señora para mí existen, pero no es lo importante en este momento".

"Pienso que todos podemos cometer un error e incluso grave", reafirmó Carrero. Aseguró, no obstante, que, "si me apuro, ninguno de todos los que hemos intervenido en el caso pidió otra prueba pericial de los restos". Esto fue así hasta que el doctor Francisco Etxeberria -que fue el primero que decretó que los huesos eran humanos- no se puso en contacto con ella, algo que reconoció que también hubieran podido hacer, o al menos pensar, durante los más de diez meses de investigación por parte de la Policía Nacional.