El Gobierno andaluz ha aprobado un decreto-ley de medidas urgentes para dinamizar la economía mediante la agilización de trámites administrativos, entre ellos las modificaciones presupuestarias, las trabas sobre el silencio administrativo o el plazo de adjudicación de las VPO.

El decreto-ley introduce cambios en la Ley de la Hacienda Pública para agilizar las modificaciones presupuestarias, de forma que otorga a la Consejería de Economía y Hacienda la competencia de autorizar los cambios presupuestarios que no superen los tres millones, ha informado en rueda de prensa el vicepresidente primero del Gobierno, Gaspar Zarrías.

Entre otras materias, los cambios afectan a inversiones y transferencias de capital; contratos de suministros o de asistencia técnica; arrendamientos de equipos o bienes inmuebles; cargas financieras derivadas del endeudamiento; subvenciones y ayudas, y concesiones de préstamos para la financiación de viviendas protegidas.

Respecto a la eliminación de trabas relativas el silencio administrativo, se suprimen siete procedimientos cuyo sentido era desestimatorio, lo que obligará a la Administración a resolver dentro de los plazos previstos. Tres de ellos se refieren a creación de cooperativas, otros tres a autorizaciones relacionadas con los fondos de archivos y museos y uno a la pesca.

También se modifica la ley del Patrimonio Histórico de Andalucía para simplificar las autorizaciones de actividades que afectan a bienes culturales.

El decreto-ley establece, en materia de contratación, un modelo de pliegos de cláusulas administrativas generales con exigencias mínimas y homogéneas para todos los contratos del mismo tipo, tanto en la Administración de la Junta como en sus entidades públicas. Esta medida permitirá agilizar la presentación de documentos e "incrementará" la seguridad jurídica para los contratistas, según Zarrías.

Igualmente, se reducen los plazos para resolver y notificar 38 procedimientos que afectan a 11 consejerías de la Junta en autorizaciones, concesiones, permisos, sanciones, desahucios e inscripciones registrales, entre otros.

Esta medida tendrá una especial incidencia en los sectores industrial, agrario y medioambiental, en actividades recreativas y espectáculos públicos o en viviendas de promoción pública, lo que reducirá el plazo para la adjudicación de un piso de protección oficial de 12 a cuatro meses.

Finalmente, establece que, en casos de urgencia, el Consejo de Gobierno podrá fijar un plazo inferior al legal de 15 días para aquellos informes del Consejo Económico y Social de Andalucía que tienen carácter preceptivo pero no vinculante.