Andalucía

El ex alcalde de El Puerto afirma que no autorizó casas ilegales en zona protegida

  • Hernández Díaz es juzgado por permitir viviendas en los suelos de Pinar de Coig.

Hernán Díaz, ex alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), de Independientes Portuenses (IP), declaró ayer en el juicio en el que comparece como acusado de haber permitido y favorecido la construcción de viviendas ilegales en la zona conocida como Pinar de Coig que tiene la "conciencia tranquila" y que pudo cometer "errores" pero que está "convencido" de que siempre ha actuado "en consecuencia con la legalidad". Su lejanía del delito que le atribuyen la Fiscalía y Ecologistas en Acción, su inocencia, la expresó el ex alcalde con una anécdota: "Fui allí en coche hace poco. Porque yo es que ni sabía dónde estaba Pinar de Coig. Pensé: voy a ir a un juicio y no lo conozco. Y me dije: voy a verlo".

La Fiscalía pide dos años de prisión por un delito continuado de prevaricación urbanística para Hernán Díaz y para Juan Carlos Jiménez, su último concejal de Urbanismo. Ecologistas en Acción, que ejerce la acusación particular, solicita cinco años de prisión para cada uno porque también los acusa de un delito contra el medio ambiente. El juicio comenzó ayer en el Juzgado de lo Penal número 4 de Cádiz.

Juan Carlos Jiménez también se declaró inocente. Bien alejado del papel que le dan las acusaciones, el ex concejal aseguró ayer que fue él quien puso en marcha los expedientes por infracción urbanística en el Pinar de Coig en 2005. ¿Por qué no antes? Porque no disponía de personal suficiente para afrontar el problema creado en el municipio, no sólo en Pinar de Coig, con la construcción ilegal de viviendas, adujo.

La fiscal y el abogado de la acusación particular sostienen que los dos procesados no hicieron nada antes de 2005, cuando la denuncia sobre lo que ocurría en Pinar de Coig llegó a la Fiscalía, para impedir que fuese parcelado y urbanizado ese espacio protegido.

Tanto Hernán Díaz como Juan Carlos Rodríguez insistieron en que el Ayuntamiento actuó cuando tuvo medios e información y datos para hacerlo. Y ambos negaron haber dicho a los propietario de parcelas y constructores de viviendas ilegales en Pinar de Coig que iban a ser regularizadas o legalizadas, que sería modificado el plan de urbanismo.

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