La Audiencia de Sevilla ha condenado a un año y tres meses de cárcel a un empresario por apropiación indebida de 654.946 euros destinados a la reapertura de la mina de Riotinto. El condenado llevaba tres años y medio huido de la Justicia y fue detenido en la Navidad de 2020 tras reservar con su esposa una habitación en el hotel de cinco estrellas de la Torre Pelli.

De allí pasó directamente a la cárcel Sevilla-1 para cumplir otra condena de tres años y a la espera del juicio que ahora le ha condenado de nuevo. Por estos mismos hechos fueron sentenciados hace un año sus socios Carlos Estévez Ruiz de Castañeda, ex director de Minas de Riotinto,  y Luis A. A.B.

El empresario Luis A.F. reservó el 22 de diciembre de 2020 una habitación junto con su esposa en el hotel de la Torre Pelli -que durante el confinamiento tenía ofertas especiales para los sevillanos- pero saltaron las alarmas de la Policía al confrontar los DNI de personas incluidas en sus archivos de búsqueda y captura. Fue detenido ese mismo día e ingresado en prisión en cumplimiento de la condena anterior de tres años.

Permaneció en Sevilla-1 hasta que el pasado 24 de marzo fue trasladado a la Audiencia de Sevilla, donde se conformó con la nueva pena de un año y tres meses, que el tribunal declaró firme en el mismo acto.

A continuación regresó al centro penitenciario a la espera de otro juicio que tiene para el 25 de mayo, informan a este periódico fuentes del caso.

Según la sentencia, Carlos Estévez actuó “en connivencia” con los otros dos acusados, a los que nombró administradores mancomunados de la entidad Mantenimiento General del Sur, Mantesur Andévalo, y “acordaron apoderarse en su propio beneficio de parte de los fondos con los que la entidad chipriota Emed Tartessus financiaban su participación en la futura apertura de la mina de Ríotinto, cuyas condiciones se concretaron en un acuerdo de intenciones de marzo de 2007.

Entre julio y diciembre de 2007, de las transferencias realizadas por Emed, los acusados desviaron fondos por un importe de 251.608 euros abonados a diferentes despachos de abogados para sufragar sus gastos en diferentes procedimientos de impugnación de acuerdos sociales. Se apoderaron de otros  403.338 euros de facturas del año 2005 que el Consejo de Administración se negó a abonar por considerar que no respondían a servicios realizados y que al acceder los acusados a la Administración se pagaron con los fondos de Emed.