Las asociaciones profesionales de jueces Francisco de Vitoria y la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), han denunciado este jueves lo que consideran una "tendenciosa campaña partidista" contra la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, que investiga las macrocausas de los ERE y de los cursos de formación. 

En el comunicado suscrito por las dos asociaciones –faltan la progresistas Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente- se asegura que en los últimos tiempos han sido testigos de una "tendenciosa campaña sobre el caso de los ERE", de inspiración "partidista" y con el evidente objetivo de condicionar la labor de la titular del juzgado que instruye el caso, "insinuando de forma insidiosa y sin la más mínima base, que tiene predisposición hacia una parte y hasta que oculta y destruye pruebas", en alusión a un escrito del PP en el que se ponía de manifiesto que le habían entregado unas grabaciones de los cursos de formación que estaban "incompletas".

Para Francisco de Vitoria y la APM –asociación mayoritaria en la carrera judicial y de carácter conservador-, se trata de "acusaciones graves y totalmente infundadas que quieren desprestigiar gratuitamente e inquietar la labor jurisdiccional que su titular desarrolla".

Las asociaciones parten de que las resoluciones judiciales pueden ser, evidentemente, objeto de críticas. "Desde luego que las decisiones judiciales pueden no ser compartidas, pero es inadmisible que para mostrar disconformidad con ellas se acuda no a una crítica razonada a su contenido, sino a un arbitrario ataque a la persona, extendiendo entre la ciudadanía una velada sospecha sobre sus intenciones y desprestigiando la institución que encarna".

El comunicado añade que es cierto que en un Estado de Derecho la crítica hacia las resoluciones judiciales resulta "siempre lícita y hasta deseable, pero también lo es que no ampara ataques personales ni la deslegitimación de los jueces y magistrados que integran del Poder Judicial, que resuelven los concretos conflictos jurídicos que se les presentan de conformidad con las posiciones de las partes y exclusivamente mediante la interpretación y la aplicación motivada del ordenamiento jurídico. Si no les es lícito atender a otros intereses ajenos al proceso y cuyo campo de resolución se encuentra en ámbitos legítimos, pero alejados de la competencia judicial, por esa misma razón es tan inadecuado que se usen esos parámetros para valorar una labor que sencilla y simplemente trata de ajustarse a derecho, máxime cuando se hace desde posiciones desprovistas de la mínima objetividad y rigor", precisan las asociaciones.

Por último, la asociación judicial Francisco de Vitoria, a la que pertenece la juez María Núñez Bolaños, y la Asociación Profesional de la Magistratura muestran su "repulsa a esa campaña" y se posicionan "en defensa de la independencia y el prestigio de la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, exigiendo respeto a su imparcialidad y al recto desempeño de su labor instructora, especialmente en este caso, de gran relevancia mediática".

La opinión de las asociaciones de jueces es también compartida por el el fiscal de Anticorrupción Fernando Soto Patiño quien interviene en la causa de los cursos deformación y que a título particular ha mostrado su "indignación y estupor" por el hecho de que se trate de insinuar que la magistrada ha podido manipular las grabaciones de los testigos, dado que la juez ni siquiera controla cómo se realizan dichas grabaciones.