El acuerdo político suscrito entre PSOE e IU se empieza a aplicar ya también en sanidad: habrá ley de sostenibilidad en esta legislatura.

La consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, presentó ayer en sede parlamentaria los trazos más significativos de sus planes de actuación y encuadró ese proyecto legislativo, ampliado al ámbito de los servicios sociales, en el blindaje de la "suficiencia presupuestaria" de estas políticas públicas. Montero explicó que no se trata tanto de comprometer cantidades concretas como de definir el "esfuerzo de la sociedad" a la hora de apostar por esos recursos. En términos prácticos, eso remite a la idea de PIB, interpretable también en clave de contraste respecto a los planteamientos del Gobierno de la Nación: la aplicación de las reformas del Ejecutivo de Rajoy supondrían ubicar el PIB dedicado a gasto público sanitario en unos años por debajo del 5% y, en Andalucía, esa proporción es ya (datos oficiales de 2009) de dos puntos más. Si el Gobierno de PSOE e IU quiere que su ley de sostenibilidad sea coherente, debería blindar en torno a un 7% del PIB.

Ana María Corredera volvió a ser la voz sanitaria del PP y reclamó a la consejera que explicase con qué recursos va a contar el sistema sanitario autonómico, echó mano del ya clásico argumento de las facturas en los cajones (devuelto por Montero con alusiones a Madrid y Valencia) y acusó a la Junta de ser la "única responsable" de la bajada de sueldos en el SAS, un "sablazo". Corredera acusó a Montero de ofrecer a la Cámara -era la primera Comisión de Salud y Bienestar Social con contenido de la legislatura- un discurso de "alarde ideológico".