Las defensas de los acusados en el caso Minutas aportaron ayer diversa documentación para rebatir las acusaciones, tras lo que el fiscal, Francisco Jiménez Villarejo, instó a que se certifique la autenticidad y procedencia de estos documentos. El letrado de Del Nido, Pedro Apalategui, aportó comunicaciones entre el despacho de su patrocinado y las sociedades municipales, con el fin de acreditar la realidad de los encargos profesionales y el trabajo realizado por éste, así como diversos escritos de recursos contenciosos presentados por el abogado y documentación sobre los mecanismos de designación de asesoramientos externos.

A la vista de las aportaciones, el fiscal consideró "necesario acreditar la autenticidad" de dicha documentación, porque "no sabemos si ha podido ser confeccionada ayer mismo", al apuntar que al menos un documento "no procede de un organismo oficial" y otros no tienen sello, por lo que insistió en la necesidad de adjuntar documentos oficiales sobre la procedencia.

Apalategui replicó que esta manifestación del fiscal "al margen de ser sorpresiva, no tiene ningún sentido", argumentando que los escritos cuestionados "se han recibido por oficio expedido como original por el Ayuntamiento marbellí y no se pudo confeccionar ayer ni en mi despacho profesional ni en el del señor Del Nido". El representante de la Fiscalía Anticorrupción insistió en que se presente por el letrado del presidente del Sevilla F. C. la relación ordenada de los documentos aportados y su justificación, al ser algunos "absolutamente diferentes" y "contradictorios" a otros ya presentados, y pidió que esta parte justifique por qué no aportó dichos escritos en su momento. El abogado contestó que el momento procesal para presentar las pruebas es, según la ley, "la apertura de juicio oral" y manifestó que "será la Sala la que tendrá que resolver respecto a si se contradice o no" la documentación aportada con la que ya está en la causa.

Del Nido se enfrenta a una petición de trece años y medio de prisión e inhabilitación durante siete años para el desempeño de cargos de administración o representación de sociedades, para contratar con las administraciones públicas y obtener concesiones o subvenciones de las mismas. El fiscal pide que Muñoz sea condenado a 16 años y seis meses de prisión y 48 de inhabilitación por los delitos de asociación ilícita, prevaricación administrativa continuada, fraude en concurso ideal con el delito de malversación de caudales públicos y societario, entre otros.