Tras cuatro sesiones dedicadas a las primeras comparecencias, la comisión de la Faffe hace aguas por la vía de las declaraciones fallidas. La polémica investigación parlamentaria sobre la desaparecida Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo está atascada y la muestra es que sólo tres de los 16 citados han atendido a las preguntas de los diputados, mientras que hay otros cuatro que ni siquiera han acudido a la Cámara.

En la sesión celebrada ayer se llegaron a escuchar lamentos de los portavoces de los grupos, que hablaron de “frustración” e hicieron llamadas a repensar una investigación que, por el momento, no ha servido para arrojar luz sobre las irregularidades que rodean a la extinta fundación dependiente de la Consejería de Empleo, en cuyo haber hay 56 millones sin justificar, según la Cámara de Cuentas, y miles de euros de dinero público presuntamente defraudados.

El guión de ayer, fue, al mismo tiempo, igual y distinto que en las anteriores sesiones. Las cuatro personas llamadas a declarar trabajaron en la Faffe, aunque con distintas responsabilidades. Los cuatro se acogieron a su derecho a no declarar y lo hicieron con los mismos argumentos. Están implicados en procesos judiciales y sus palabras en sede parlamentaria, donde están obligados a decir la verdad, podrían perjudicarles. “Sólo soy una simple trabajadora”, se excusó Noelia Ruiz, una de las empleadas de la extinta fundación que acabó subrogada en el Servicio Andaluz de Empleo.

En la misma situación se encuentra Francisco Aguilera, que fue alcalde de Montellano. El ex regidor socialista, como Ruiz, intentó, sin éxito, que no se tomaran imágenes de su comparecencia. Uno de los tres citados que sí declaró, el dueño del club Don Angelo, hizo la misma solicitud, que sí fue atendida. El PSOE y Adelante Andalucía se quejaron por la “arbitrariedad” de esta decisión, pero desde la Presidencia de la comisión explicaron que tratarse de empleados públicos “prevalece el principio de publicidad de la actividad parlamentaria en el control del gasto de dinero público”. La cuarta declarante de la jornada, Eloísa Rufo, que fue secretaria en la Faffe, incluso se quejó por la “diferencia de trato” que recibió en comparación con el propietario de Don Angelo, José Ruiz García.

Los cuatro comparecientes llamados ayer –Rafael Martín, adjunto a la dirección económica de la extinta fundación, completó la nómina– sí aguardaron a que los grupos intervinieran para abandonar la sala de comisiones. Su permanencia tiene que ver con la decisión de la Mesa delParlamento de comunicar a la Fiscalía las acciones llevadas a cabo por varios ex dirigentes socialistas que no acudieron a la comisión, –María Jesús Montero y Antonio Fernández– o se marcharon tras acogerse a no declarar –Manuel Chaves, Antonio Ramírez de Arellano, José Sánchez Maldonado, y Javier Carnero–.

Tras la última de las comparecencias, el portavoz del PP en la comisión, Érik Domínguez, habló de “impotencia” por los silencios de los cuatro comparecientes, pero fueron los representantes de Adelante Andalucía y Vox quienes aludieron a la posibilidad de “examinar la eficacia” de la comisión, en palabras de Francisco Serrano; y lamentar la posibilidad de que la investigación parlamentaria no llegue a las conclusiones que se están buscando, según dijo Nacho Molina.

Sin nuevas sesiones hasta febrero

En cualquier caso, la comisión de la Faffe entra en suspenso hasta febrero, puesto que no hay más sesiones previstas este mes y en enero no hay actividad parlamentaria ordinaria. En 2020 la investigación volverá con un ritmo menor, ya que sólo se celebrará una sesión por semana, frente a las dos actuales. Además, cada sesión sólo contará con dos comparecientes, mientras que ahora mismo declaran cuatro personas por jornada. Con esta cadencia, la primera tanda de comparecientes no finalizará hasta julio.

La comisión de la Faffe ya era la más lenta de la década antes de iniciar las declaraciones, pero su accidentado arranque hace dudar de su futuro. Los grupos se debaten ahora sobre cómo reactivar una investigación parlamentaria bloqueada por las denuncias de “electoralismo” del PSOE y la estrategia de sus ex altos cargos de no declarar. Tampoco ayudó cambiar el orden habitual de comparecencias, que comenzaba por los técnicos y finalizaba por los altos cargos.

El PP propondrá hoy modificar el funcionamiento para intentar revitalizar a la comisión, pero no será tarea sencilla. El PSOE, por su parte, solicitará a Marta Bosquet un informe jurídico para analizar las decisiones del presidente de la comisión, Enrique Moreno, contrario a que los declarantes que guardan silencio abandonen la comisión.