Diez años después, el titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de El Puerto, Miguel Ángel López Marchena, ha concluido la investigación del caso de venta de datos confidenciales por policías de las Comisarías de El Puerto y Jerez (Cádiz). Un asunto en el que han llegado a contar hasta más de 150 imputados en toda España en una red que surtía a entidades bancarias de información sobre ciudadanos que solicitaban préstamos.

El magistrado ha dado por finalizado el grueso de la investigación con un auto en el que procesa a unas 30 personas, entre policías, funcionarios públicos, empresarios y personal de entidades bancarias. Los únicos contra los que, al parecer, habría pruebas consistentes de su implicación en el ilícito negocio. Todo apunta a que ya el próximo año llegaría para ser juzgado a la Audiencia Provincial de Cádiz.

Finalmente, son unos cinco policías los encausados por los supuestos delitos de cohecho y revelación de secretos, que llevan aparejadas penas que oscilan entre los seis y los doce años de prisión. El resto de procesados son una docena de empresarios y otros tantos trabajadores de diversos bancos por uso de información secreta, castigado con entre uno y tres años de prisión.

El caso arrancó en octubre del año 2000, cuando agentes de Asuntos Internos de Madrid comenzaron a investigar a varios policías de las Comisarías de El Puerto y de Jerez, al tener sospechas de que se podían estar dedicando a vender datos confidenciales de ciudadanos a empresas que, a su vez, los revendían a bancos. En febrero de 2001, se producían las primeras detenciones. Cuatro policías fueron detenidos en El Puerto y Jerez. Dos de ellos, tras prestar declaración, fueron puestos en libertad y sin cargo alguno, al descartarse su implicación y constatarse que sus claves de acceso a los ordenadores desde los que se habrían logrado datos confidenciales fueron empleados por los otros dos sí supuestamente implicados. Para ambos, el juez de El Puerto decretó libertad bajo fianza de un millón de pesetas. En paralelo, en Jerez eran detenidos dos empresarios y la mujer de uno de ellos (esta última, puesta en libertad) que figuraban al frente de la empresa fantasma Infotec, supuestamente dedicada a negocios informáticos pero cuya actividad era la venta a bancos de datos privados. Los dos empresarios fueron enviados a prisión.

La documentación requisada en esta empresa provocó tres meses después otra detención significativa en el entramado: la de un funcionario del Instituto Nacional de Empleo de El Puerto. Nuevas pesquisas acabaron determinando que la empresa fantasma vendía la información confidencial a firmas radicadas e Burgos y Málaga.

Los agentes implicados, que tenían acceso a las informaciones por estar destinados en la sala del 091, recibían por cada chivatazo menos de 300 pesetas (1,8 euros), una cantidad a simple vista ridícula, aunque a la larga era rentable porque eran muchas las informaciones solicitadas por los empresarios de Jerez.