juicio de los ere

La defensa de Martínez Aguayo acusa al fiscal de "cambiar las reglas" al querer introducir el resto de ayudas individuales

  • Tilda de "disparate procesal" e "intolerable" la petición de Anticorrupción para que se reinterprete o redefina el objeto del procedimiento.

Víctor Moreno Catena, el abogado que representa a la ex consejera de Economía Carmen Martínez Aguayo, ha acusado a la Fiscalía Anticorrupción, en la sexta sesión del juicio por el denominado “procedimiento específico” de los ERE, de “cambiar las reglas” del juicio al querer introducir como cuestión previa que el tribunal enjuiciador reinterprete o redefina el objeto de este juicio para dar cabida al resto de ayudas individuales que se investigan en las piezas separadas, todo ello después de que la Audiencia de Sevilla aplicara el non bis in ídem y estableciera que sólo habría un único juicio para los 22 ex altos cargos procesados.

El letrado ha calificado de “disparate procesal” e “intolerable” la petición del Ministerio Público, en una exposición a la que se ha adherido el abogado Pablo Jiménez de Parga, que representa al ex presidente de la Junta Manuel Chaves.

Víctor Moreno Catena ha dicho a los magistrados de la Sección Primera que en el caso de atender la petición de la Fiscalía se vulneraría el derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho a un juicio justo y el derecho de defensa, y ha recordado que el auto del 31 de mayo de 2016, que transformó las diligencias en un procedimiento abreviado, ya determinó el objeto de este proceso, los hechos punibles y las personas imputadas.

El letrado ha añadido que ha sido el fiscal el que en el ejercicio de sus funciones ha estado “al tanto de la división de la macrocausa y ha intervenido en la delimitación del objeto” de esta causa. “Este procedimiento no se puede contaminar por lo que pase en otros procedimientos” ni por los recursos de apelación que se interpongan, ha aseverado el letrado, que ha añadido que “el fiscal es el principal responsable o coadyuvante de la situación”, por lo que ha concluido que “semejante disparate procesal no puede ser acogido por este tribunal”.

“El fiscal hace una petición extravagante y que carece de todo acomodo o respaldo legal”, ha precisado Moreno Catena, quien considera además que esta Sala “carece de competencia para dictar la resolución que se le pide” porque si era necesaria esa reinterpretación el fiscal “tendría que haber recurrido en reforma o apelación al juzgado de Instrucción” o a la Audiencia.

Para el abogado de la ex consejera, el Ministerio Público está “recurriendo a una existente indefensión que ha sido provocada por él”, lo que constituye una “petición extra legem que carece de amparo legal y no tiene cabida en este trámite procesal”. “No se pueden cambiar las reglas cuando el juicio se ha abierto y eso es lo que pide el fiscal”, ha criticado el letrado de la defensa, que ha señalado que el planteamiento de la Fiscalía llevaría asimismo a un “juicio oral abierto indefinidamente para ir incorporando hechos ajenos” en función de cuando fueran acabando las distintas piezas separadas en las que se investigan las 270 ayudas de los ERE bajo sospecha, lo que sería un “dislate procesal inabarcable”.

EL PP habla del mayor caso de corrupción de Europa

La acusación popular que ejerce el Partido Popular, por el contrario, ha pedido al tribunal que estime todas las cuestiones previas planteadas por la Fiscalía, incluida la de la delimitación del objeto de este juicio, por cuanto ha denunciado la “inseguridad jurídica” en la que se encuentran las partes y que, según ha manifestado el abogado Luis García Navarro, podría dar al traste con el “mayor fraude económico y la mayor trama” de corrupción a nivel nacional e incluso de Europa, ha afirmado.

El letrado ha denunciado las “ilegales” transferencias de financiación que desde la Consejería de Empleo se hacían al IFA/IDEA para el pago de las ayudas y “sin ningún tipo de control” por parte de la Intervención general de la Junta de Andalucía. “Acusamos por la creación y dotación del llamado fondo de reptiles” en este proceso y se ha dejado el resto de las ayudas paras las restantes piezas separadas, ha indicado Luis García Navarro, que ha opinado que la acusación particular que ejerció el gabinete jurídico de la Junta pidió “equivocadamente” el sobreseimiento de la causa del procedimiento específico.

El letrado del PP ha explicado que estamos en un “galimatías jurídico” y ha citado el auto del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que ha excluido a todos los ex altos cargos de la Junta en las ayudas a los ex mineros de la Faja Pirítica. El letrado ha subrayado que la Sala debe hacer una aclaración y ha citando, haciéndolo suyo, parte del recurso de amparo presentado por el gabinete jurídico de la Junta contra la decisión de la Sección Séptima de la Audiencia de excluir a los ex altos cargos del resto de los juicios por las otras ayudas, “cercenando” el derecho de acceso a la jurisdicción de la acusación particular y vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva.

El PP ha aludido a que en la última sesión se introdujo un “hecho nuevo” en el juicio, al haber renunciado las acusaciones a la reclamación de la responsabilidad civil “porque no había otra posibilidad”, una vez que la Junta, la Administración perjudicada por los hechos, se reservó el ejercicio de las acciones civiles. “Aquí no se están viendo las ayudas individuales ni pagos de ningún tipo”, ha dicho García Navarro, que ha concluido su intervención con el deseo de que “todos los andaluces puedan recuperar el caudal de dinero que ha sido defraudado”.

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