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La demora en la sentencia de los ERE apunta a un debate interno en el Supremo

El tribunal que preside la vista de los recursos de los ERE.

El tribunal que preside la vista de los recursos de los ERE. / D. S.

La decisión del Tribunal Supremo de prorrogar durante 60 días hábiles el plazo para dictar la sentencia del "procedimiento específico" de los ERE apunta a que hay un debate interno entre los cinco magistrados que componen la Sala encargada de resolver los recursos de casación presentados por las defensas de los 19 ex altos cargos de la Junta que fueron condenados por la concesión de 680 millones de euros en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis en el periodo 2000-2009.

El auto dictado por la Sala Segunda del Alto Tribunal argumenta precisamente para acordar esta prórroga la "complejidad de la causa, teniendo en cuenta el número de recurrentes y los motivos formulados", lo que hace necesario según los magistrados ampliar el plazo para dictar sentencia y, en razón a ello, prorrogar el término ordinario de diez días establecido en el artículo 899 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por 60 días hábiles más a adicionar a aquellos. 

El plazo de estos 60 días, que no tiene por qué agotarse, indica que no habrá resolución definitiva en principio hasta el mes de septiembre próximo -salvo que se acordasen nuevas prórrogas-, dado que esos 60 días que el Supremo cuenta desde el pasado 23 de mayo, fecha del auto conocido este miércoles, se cumplirían el próximo 12 de agosto, mes inhábil para las actuaciones judiciales.

Pero la complejidad del caso puede hacer que incluso el fallo se demore más tiempo, como ocurrió en el caso Malaya,  en el que se juzgó la mayor trama de corrupción detectada en un Ayuntamiento, y en el que el Supremo tardó un año justo en dictar la sentencia y necesitó varias prórrogas debido precisamente a la extensión y complejidad de la causa.

En el caso de los ERE la deliberación en la que están inmersos actualmente los cinco magistrados parte del “proyecto de sentencia” que el ponente de los recursosEduardo de Porres Ortiz de Urbina, ya entregó a los otros cuatro magistrados que componen la Sala –Juan Ramón Berdugo, Ana María Ferrer, Carmen Lamela y Susana Polo– antes de la vista para la exposición de los recursos celebrada en mayo pasado, en plena Feria de Sevilla.

Según algunas fuentes consultadas, el proyecto de sentencia apuntaría a que el ponente habría propuesto a la Sala la desestimación de los recursos de casación de los 19 ex altos cargos.

El magistrado ponente Eduardo de Porres, que ha elaborado el "proyecto de sentencia" de los ERE. El magistrado ponente Eduardo de Porres, que ha elaborado el "proyecto de sentencia" de los ERE.

El magistrado ponente Eduardo de Porres, que ha elaborado el "proyecto de sentencia" de los ERE. / Mariscal / EFE

Eso supondría la confirmación de todas las condenas, incluidas las de los nueve ex altos cargos que se están jugando su ingreso en prisión, tras haber sido condenados a penas de entre seis y ocho años de cárcel. Es el caso del ex presidente de la Junta José Antonio Griñán, que fue condenado a seis años, y de los ex consejeros Antonio Fernández, José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo y Francisco Vallejo; los ex viceconsejeros Agustín Barberá y Jesús María Rodríguez Román; el ex director general de Trabajo Juan Márquez y el ex director general de la agencia Idea Miguel Ángel Serrano Aguilar.

Pero ese proyecto de sentencia, no tiene por qué acabar siendo la decisión definitiva de la Sala, puesto que en la fase de deliberación los otros cuatro magistrados pueden mostrar su disconformidad o introducir las matizaciones y cambios que consideren oportunos respecto al caso. Y el hecho de que se haya acordado esta primera prórroga para el dictado de la sentencia señalaría que existe un debate interno entre los cinco jueces.

En la vista pública pudo observarse cómo los magistrados de la Sala estaban muy atentos a los alegatos de las defensas e incluso tomaban notas conforme se iban sucediendo tanto las intervenciones de los letrados de la defensa como de los fiscales Fernando Prieto y Rafael Escobar.

Es decir, con independencia de cuál sea el sentido del “proyecto de sentencia” elaborado por el ponente, los magistrados pueden introducir en la fase de deliberación todos los cambios que estimen necesarios en ese borrador del fallo elaborado por el magistrado Eduardo de Porres.

En función de la intensidad de esas deliberaciones, la sentencia definitiva estará antes o tardará más tiempo en hacerse pública, porque es evidente que la Sala intentará alcanzar una decisión unánime, en la que no haya discrepancias que provoquen la emisión de algún voto particular por alguno de los cinco miembros del tribunal.

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