La comunidad andaluza llegará en octubre a tener tantos dependientes atendidos como vaticinó el ex presidente de la Junta, Manuel Chaves, para toda la legislatura, es decir, hasta 2012. En el discurso de investidura celebrado en abril de 2008, el ex presidente estimó que, "en estos cuatro años, unas 175.000 personas se beneficiarán en Andalucía de las prestaciones establecidas en la ley". En septiembre se contabilizan 170.562.

No es la única previsión desfasada. El Libro Blanco de la Dependencia, embrión en 2005 de lo que sería la ley, recoge una estimación de 300.000 puestos de trabajo directos en España, de los que 45.000 serían en Andalucía, en la implantación definitiva de la ley en 2015. Cifra ya conseguida.

De la vertiginosa carrera a la que obliga la aplicación de la ley de Dependencia debatieron ayer en sesión plenaria la consejera para la Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, y la diputada del PP, Dolores López Gabarro.

Aunque ambas eludieron comparar el debate con un símil pugilístico, la consejera y la diputada del PP se ensarzaron en un ida y vuelta de datos con desigual suerte. Porque la contienda, con los datos en la mano, favorece a la Junta. Tanto, que de los quebraderos de cabeza iniciales, la Administración andaluza ha pasado a hacer de la dependencia su política estrella, tres años después del inicio de su aplicación. Tanto, que de las dudas que despertó en algunos departamentos económicos de la propia Junta, que pedían levantar el pie del acelerador, se enfatiza ahora el compromiso íntegro de la Administración.

"Es un compromiso de todo el Gobierno", enfatizó ayer la consejera hasta en tres ocasiones.

El discurso de la Junta en torno a la dependencia se agarra a la comparación con otras comunidades, mejor expresado, contra las gobernadas por el PP. Si bien no supera a éstas en número de atendidos (189.901 entre Canarias, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid, Murcia, La Rioja, Ceuta y Melilla), sí lo hace en prestaciones (221.981 por 212.422 del PP). Esto porque en Andalucía hasta más de 50.000 personas se benefician de que pueden compatibilizar hasta tres prestaciones. Y en la estadística comparada se ufana el Gobierno regional.

Andalucía encabeza la aplicación de la ley en España con el 30% del total nacional de valoraciones realizadas y de beneficiarios, casi el doble que su peso poblacional (17,8%). Más de la mitad de las ayudas a domicilio y el 64% de la teleasistencia se concede en Andalucía. Y los ayuntamientos reciben dinero por adelantado, más de 580 millones entre 2008 y 2010. Navarro recordó que a partir de 2011 una nueva orden vigilará que el dinero que se manda a los consistorios para la ayuda a domicilio vaya destinado a los trabajadores. Tampoco en la falta de plazas en centros y residencias encontró suerte la diputada del PP, aferrada a las carencias anotadas por el Defensor del Pueblo andaluz. La consejera replicó que hay plazas de centros de estancia diurna vacíos, en Huelva por ejemplo, a la espera de usuarios.

La aplicación de la ley, no obstante, tiene sombras, como las ayudas a la prevención (sólo cinco) o el desfase entre solicitudes (450.967) y el número de beneficiarios, esos casi 171.000, pero en ellos no abundó la diputada popular.

López Gabarro sí consideró preocupante el decreto del Gobierno central que elimina la retroactividad para la ley, "recorte" que cifró en 60.000 afectados. Esto será si la Administración no cumple el plazo obligatorio de seis meses. De lo contrario, sí tendrá que resarcir al afectado. Navarro no vio motivo para sospechar de recortes, enfatizó el "compromiso presupuestario" con la ley para 2011 -fuentes del Ejecutivo aseguran que aumentarán los 790 millones de este año- y concluyó su intervención con un prolongado aplauso de la bancada socialista.