Editorial

Un antes y un después en los delitos sexuales

El caso de 'la Manada' ha puesto en evidencia el desajuste que había entre la legislación y la nueva sensibilidad social con los delitos sexuales

El Tribunal Supremo (TS) ha elevado de 9 a 15 años de prisión la condena contra los cinco integrantes de la Manada al considerar los hechos ocurridos en los Sanfermines de 2016 como un delito continuado de violación y no un abuso sexual con prevalimiento, como hicieron, anteriormente, la Audiencia y el Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Se pone fin así a un largo proceso judicial histórico -esta vez sí se puede usar el adjetivo- que ha marcado un antes y un después tanto en la legislación como en la percepción social de los delitos sexuales y la violencia contra las mujeres. El caso de la Manada no sólo ha sido una de las principales causas de la amplia movilización feminista en todo el país de los últimos tiempos -que ha llegado a sorprender al mundo entero-, sino también ha puesto en evidencia los fallos de nuestra legislación para dar respuesta a un problema que cada vez preocupa a nuestra sociedad.

No es nuestro papel comentar los fallos del Supremo, como tampoco lo hicimos en su día cuando salieron los de los tribunales navarros, pero sí se puede decir que la del TS ha sabido conectar con la nueva sensibilidad social basándose en las leyes vigentes y en su propia jurisprudencia. De hecho, ya el último Gobierno popular de Mariano Rajoy encargó a la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia que revisara la tipificación de los delitos sexuales en el Código Penal, llegándose, finalmente, al acuerdo de que todo abuso sexual fuese considerado agresión. Sin embargo, el proyecto de reforma está pendiente de que el nuevo Gobierno de España se constituya. Es en estos momentos cuando mejor se comprende que la inestabilidad política y la repetición de elecciones suelen generar graves perjuicios a la sociedad, como el retraso en la aprobación de leyes necesarias y ampliamente demandadas. Ahora más que nunca habría que recordarlo.

Como en todos los casos mediáticos -y el de la Manada lo ha sido en grado sumo-, la presión de la calle ha ejercido un papel determinante. Esto, hay que aclararlo, no ha influido en la decisión de los tribunales, pero sí en la conciencia política de que había que hacer cambios legislativos. Sobre todo, es importante que las modificaciones que finalmente se hagan en las leyes sean lo más claras posibles para evitar ambigüedades y tensiones como las vividas en el caso de la Manada.

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