Año nuevo, juicio de macrocausa nuevo. Es el particular día de la marmota al que se enfrentan desde hace tiempo los jueces de la Audiencia de Sevilla, los abogados y, como no, los propios investigados en estos macroprocesos, muchos de los cuales parecen revivir su particular 2 de febrero, el día en el los granjeros de Estados Unidos y sus marmotas predicen cuánto queda todavía para el final del invierno, según el comportamiento que tiene ese día el animal. Como la película que protagonizó el actor cómico Bill Murray, muchos de los investigados seguro que se sienten “Atrapados en el tiempo”, en este caso, en el bucle de los juicios de Invercaria.

Es precisamente lo que le ocurre al ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo, quien a partir de mañana lunes volverá a sentarse en el banquillo de los acusados para ser juzgado por las ayuda de 100.000 euros concedida a la empresa textil Lolita Canalla. Es la quinta vez que Pérez-Sauquillo se somete a un juicio por una de las 30 piezas en las que se dividió esta macrocausa y en los cuatro anteriores ha sido condenado en tres ocasiones, aunque por el momento ninguna de las sentencias es firme, ni siquiera la primera, la de Aceitunas Tatis, que está a la espera de la decisión del Tribunal Supremo. Por las ayudas de Tatis fue condenado a tres años y medio de prisión, y luego le cayeron sendas condenas de dos años y tres meses y tres años y un día, por la denominada pieza de personal y las ayudas a Fumapa, respectivamente. El ex presidente de la sociedad de capital riesgo fue absuelto en el otro juicio celebrado, por las ayudas a la modista cordobesa Juana Martín.

Se trata del quinto juicio para el ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo

En el particular día de la marmota del juicio de Invercaria que arranca mañana en la Sección Séptima de la Audiencia, volverán a salir temas tratados en las vistas ya celebradas, como la relevancia que tenía el plan director de Invercaria como manual de procedimiento, las potestades del presidente para la concesión de algunas de las ayudas, la intervención de los departamentos de Análisis y de Inversiones, etc.

En este caso, la Fiscalía Anticorrupción reclama otros seis años de prisión y 20 años de inhabilitación para Tomás Pérez-Sauquillo, al que atribuye delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en relación con la ayuda de 100.000 euros concedida por “pura liberalidad y arbitrio” a la empresa textil Lolita Canalla.

En el escrito de conclusiones provisionales, el Ministerio Público pide como inductores de los delitos mencionados otros dos años y medio de prisión y 11 de inhabilitación para la administradora de Lolita Canalla, María Malo Feijoo, y la misma pena para Ignacio Jarillo Aldeanueva, jefe de publicidad y comunicación de la empresa, y la persona encargada de las gestiones y conversaciones con Invercaria para la consecución del préstamo, además de ser la persona encargada de elaborar la documentación que se entregó y quien mantenía las reuniones con sus responsables.

Además de las penas de prisión, la Fiscalía reclama que los tres acusados indemnicen “conjunta y solidariamente” con 100.000 euros a la agencia Idea.

El juez de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, investigó esta ayuda a Lolita Canalla, una sociedad mercantil constituida el 12 de julio de 2005 en Tarifa (Cádiz) y dedicada al diseño, confección y venta de textil y complementos, y que en febrero de 2006 tenía un capital social de 55.000,80 euros.

Lolita Canalla tiene préstamos con entidades por valor de 1.194.000 euros y el 19 de julio de 2009 recibió un préstamo de Invercaria por 100.000 euros “sin que hasta la fecha se haya pagado cantidad resultante del mismo”. Para la concesión de este préstamo, se aportó un plan de negocios e innovación por la mercantil y un informe de riesgo de la entidad Axesor, pero la Fiscalía explica en su escrito de conclusiones que del examen de las declaraciones de liquidación tributaria “puede observarse cómo la mercantil disminuía progresivamente tanto su valor como sus ventas, hasta el punto de que en 2008 liquidó por concepto de IVA 47.016,07 euros”, y en 2009 depositó cuentas fuera de plazo y se encontraba en “causa lega de disolución” a la fecha de solicitar el préstamo.

Para la concesión del crédito, prosigue la Fiscalía Anticorrupción, no se realizó ni propuesta de inversión y “ni un solo informe positivo” por parte de Invercaria, debiéndose dicha concesión “a la pura liberalidad y arbitrio de Tomás Pérez Sauquillo”, quien actuando aún dentro de sus facultades, faltó de modo patente al procedimiento descrito en el plan director 2005-2008 y sin que fuera un proyecto escalable, tal y como se denominaba en la entidad a los proyectos propios de capital riesgo”.

La ayuda a Lolita Canalla se concedió por “pura liberalidad”, afirma la Fiscalía

Según el Ministerio Público, tampoco fue “aprobado o informado siquiera por los departamento de Invercaria, como el comité de dirección e inversiones”.

El préstamo que Pérez-Sauquillo decidió dar a Lolita Canalla “no era participativo, modalidad usual con la que Invercaria invertía en terceras sociedades, tenía una duración de cinco años y un vencimiento el 29 de julio de 2014, con un año de carencia”.

El 29 de enero de 2010 se faltó al primer pago del vencimiento y en enero de 2013, ante el impago de las cantidades totales por parte de la mercantil “en todas sus cuotas”, Invercaria instó la reclamación del capital e intereses ante los juzgados de Algeciras. La Fiscalía dice concluye que a fecha de la decisión del ex presidente de Invercaria y la concesión del préstamo y debido a la situación económica, “la mercantil estaba en causa de disolución”.