Una vez que se han convocado las elecciones, toda la comunicación de las administraciones públicas radicadas en Andalucía que sea susceptible de considerarse como campaña queda prohibida. La venta de motos, como se suelen calificar estos inflados anuncios de última hora, está prohibida o, para especificarlo mejor, su actividad queda reducida a los partidos, a los particulares o a las entidades privadas.

En teoría, ni la presentación de un proyecto y, mucho menos, de un logro pueden “manifestarse públicamente” por parte de la Junta, de los ayuntamientos, diputaciones y del Gobierno central. Por vez primera, una campaña a través de las redes, en este caso del Ayuntamiento de Huévar, ha sido señalada por la junta electoral, por lo que su alcaldesa deberá detenerla en las próximas horas.

Ley draconiana

La ley que regula la publicidad institucional en Andalucía no es que sea estricta, es que es draconiania. En su disposición adicional primera prohíbe a todas las administraciones, no sólo a la Junta, la “manifestación pública”, mediante presentaciones, inauguraciones o cualquier evento similar de proyectos, logros, obras, edificios, servicios o resultados de estas instituciones. Es decir, casi todo.

El artículo 50 de la ley estatal -la Loreg- es casi igual de estricta, pero más clara: prohíbe cualquier presentación organizada o financiada por las administraciones para subrayar los logros de una gestión. Su cometido es nítido, porque pone el acento en utilización de las administraciones por parte de los partidos. Una vez convocadas las elecciones, ningún partido puede promocionarse a través de las instituciones.

La ley podría llevar al absurdo de que un ayuntamiento, por ejemplo, no pudiese anunciar un concierto, una obra de teatro o una carrera popular, si la junta electoral así lo considerase.

El pasado viernes se reunió en Sevilla el Consejo de Ministros. No hubo ningún acuerdo que fuese susceptible de ser prohibido por estas regulaciones, de modo que sólo se aprobó lo que se consideró con carácter de urgencia y para todo el territorio nacional. Tanto la prohibición de las embarcaciones que utilizan los narcos como las ayudas a las comunidades autónomas fueron aprobadas como decretos leyes argumentados por la emergencia del momento.

La portavoz del Gobierno, Isabel Celáa, rechazó responder, por la misma causa, una pregunta sobre la mejora de la financiación autonómica para Andalucía, y puede servir para explicar por qué el Ejecutivo no aprobó las ayudas para las comarcas sevillana y malagueña afectadas por las recientes inundaciones. Cualquier acto de este tipo es, cuanto menos, susceptible de recurso.

La junta electoral prohibió la semana pasada una conferencia del delegado de Empleo en Granada, Juan José Martín Arcos, en Atarfe, a raíz de una denuncia del PP. Y en 2012, a unos días de ellas elecciones autonómicas de marzo de ese año, la junta detuvo una comparecencia pública del ministro José Ignacio Wert porque se podía considerar electoral. Lo que prohibió fue que el ministro realizase declaraciones.

La junta electoral de Andalucía, que tiene su sede durante estos días en el Parlamento autonómico, no puede vigilar todos los actos del Gobierno andaluz, de sus delegaciones y mucho menos de todos los ayuntamientos, por lo que sus órdenes suelen provenir a raíz de las denuncias de los propios partidos.

En el caso de Huévar, la campaña consiste en la promoción de obras municipales mediante la etiqueta en redes “Huévarcomolomereces”.