Málaga

Expedientan al dueño de la finca y la empresa que hizo el pozo en Totalán

  • La actividad se hizo “sin dirección facultativa” y con la “omisión de la aportación de los trabajos de prospección de aguas”

Trabajos de rescate en el pozo donde cayó Julen. Trabajos de rescate en el pozo donde cayó Julen.

Trabajos de rescate en el pozo donde cayó Julen. / Javier Albiñana

La Junta de Andalucía ha abierto un expediente sancionador por una infracción “muy grave” en materia de seguridad minera al propietario de la finca de Totalán y a la empresa de perforación del pozo en el que murió el pequeño Julen el pasado mes de enero. El procedimiento sancionador se conoció ayer tras la reunión que han mantenido el delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, con representantes de la Junta, de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), de tres confederaciones hidrográficas y de la Guardia Civil, para intensificar el control de los pozos ilegales.

En rueda de prensa, Gómez de Celis desveló que la Junta de Andalucía había anunciado durante la reunión que se había presentado un procedimiento sancionador, aunque no especificó el alcance del mismo, algo que confirmaron a Efe fuentes de la Consejería de Hacienda, competente en materia de minas. La administración andaluza atribuye tanto al propietario de la finca, David Serrano Alcaide, como a la empresa que perforó el pozo la realización de una actividad regulada en la Ley de Minas. Según el expediente abierto, la actividad se realizó “sin dirección facultativa” y con la “omisión de la aportación previa de los trabajos de prospección de aguas subterráneas” y sin el proyecto correspondiente, aspectos exigidos en los artículos 108 y 109 del reglamento general de las normas básicas de seguridad minera.

Según se desprende del expediente de la administración andaluza hay “riesgo muy grave” para las personas “con resultado de muerte”

En este caso ha concurrido, según se desprende el expediente de la administración andaluza, “riesgo muy grave” para las personas “con resultado de muerte”, lo que conllevaría una sanción de entre 300.000 y un millón de euros, según se recoge en la Ley de Minas. Este expediente sancionador, que la normativa prevé que caduque en un año, se produce al margen de la vía judicial abierta tras la muerte de Julen en el pozo y que está en manos del Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga.

La última decisión de la titular de este juzgado es la citación para el 22 de febrero en calidad de investigado por un delito de homicidio imprudente al dueño de la finca, una medida que adoptó tras la petición del Ministerio Fiscal.

La magistrada ha citado en primer lugar al propietario de la finca, David Serrano, y, posteriormente, tomará declaración a una docena personas más, todas ellas en calidad de testigos. La instructora considera que el empresario que perforó el pozo, Antonio Sánchez, tiene que declarar en calidad de testigo, al igual que los padres de Julen, José Roselló y Victoria García, cuatro guardias civiles y los tres senderistas que llegaron al lugar a auxiliar a los padres del niño, entre otros.

Además está previsto que comparezcan también como testigo la pareja del dueño de la finca, que es prima del padre de Julen, y el operario que hizo la zanja junto al talud que limita el pozo, un trabajo posterior a la perforación del orificio en el que cayó el pequeño.

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