La Fiscalía de Granada ha pedido una pena de nueve años y tres meses de prisión por supuestos delitos de cohecho cometido por funcionario público y contra la salud pública para el coronel de la Guardia Civil F.G.S., como parte de una presunta organización criminal dedicada al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales. El investigado era comandante de la Guardia Civil y jefe de la Jefatura de Policía Judicial e Información de Granada mientras sucedieron los hechos, en 2006, y tenía "mando en todas las operaciones antidrogas a efectuar en la provincia", según hace constar en su escrito de acusación provisional el Ministerio Público, que también pide penas de cinco años y tres meses de prisión para R.Z. y D.G.M. por supuestos delitos de cohecho cometido por particulares, y contra la salud pública, aplicándoles la atenuante de confesión.

La petición de pena fiscal también incorpora el pago de una multa de 6,3 millones de euros para el coronel de la Guardia Civil, mientras que se interesan multas de 6,1 millones a cada uno de los otros dos acusados.

El Ministerio Público lo acusa de facilitar la llegada de hachís a las playas granadinas

En enero de 2006, el principal acusado se entrevistó con parte de su equipo -según el relato de los hechos del fiscal- con dos confidentes y acordó con uno de ellos, en un aparte, la entrada de dos alijos de hachís y otro de droga de escasa calidad en territorio nacional por las playas de Motril, procedente de Marruecos, "a cambio de una cantidad monetaria" fijada en 120.000 euros, de la que se le debía hacer entrega tras cada operación de entrada.

De la droga de menos calidad "se permitiría su aprehensión por la Guarida Civil para justificar las dos operaciones impunes". A sus subordinados, el coronel les indicó que en las dos primeras operaciones "se permitiría el acceso de la droga" en las playas granadinas como "entregas controladas" que deberían depositarse en una "guardería" controlada de forma exclusiva por él.

La colaboración entre los acusados se extendió supuestamente hasta mayo de 2006, pese a que el alto mando se encontraba "acuciado por las sospechas de los agentes a sus órdenes", según continúa el fiscal en su escrito de acusación provisional.