La Empresa Pública de Suelo de Andalucía(EPSA) tenía hasta hace unos meses un directivo por cada cuatro trabajadores. Hasta 122 altos cargos llegó a tener para poco más de 600 empleados. Cuando Izquierda Unida se hizo cargo de este departamento eran 107 y en este año y medio ha despedido a 42. La mayoría de ellos han denunciado a los tribunales y reclaman indemnizaciones millonarias que tenían blindadas en sus contratos. Hasta una treintena de estos ex directivos tienen causas judiciales con la Junta. Muchos de ellos son ex alcaldes o ex concejales socialistas y, algunos de los mismos, fueron recolocados en otros puestos de la Administración como asesores, y ahí se les pierde la pista.

EPSA fue el ejemplo que puso el pasado miércoles el portavoz parlamentario, José Antonio Castro, al expresar la "molestia" que causó en la formación, un día antes, la expresión de la nueva consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, de que no hay más "grasa" por recortar. Montero abrió la puerta a una revisión de todas las partidas de la Junta para el Presupuesto de 2014 y puso el foco en los empleados públicos y la inversión. "Tranquilidad, ninguna", alertó la consejera.

Para IU sí hay grasa que recortar en las empresas públicas. "Habrá que revisar uno a uno los consorcios, o las fundaciones, porque nos podemos encontrar la sorpresa de que alguna no sirva para nada, que esté duplicada o que haya un número de trabajadores que nadie sepa por qué está ahí, sin concurso o publicidad. Ahí quedan elementos por exprimir", dijo Castro. ¿Por qué no se ha hecho en otras empresas públicas?, preguntó una periodista. "No están adscritas a nuestras consejerías", respondió.

El universo de las empresas públicas ha sido siempre un agujero negro en la gestión socialista (como el personal de libre designación). Hoy sigue siendo difícil conocer con exactitud el número de empleados (entre 27.000 y 28.0000, parece), y el número de directivos y sus salarios supone una misión imposible, salvo excepciones que son una anécdota.

Eso cuando la Junta destina más de 2.500 millones de transferencias cada año que, según el PP, acaban rondando los 5.000 por ejercicio presupuestario.

Y ahí más. Porque muchos de los trabajos se acaban externalizando. IU propone acabar con estas prácticas y conmina a aprovechar el personal ya contratado. La Consejería que dirige Elena Cortés ha prescindido de los trabajadores externos del parque público, cuya gestión directa estaba externalizada y ahora se realiza directamente con personal de EPSA. Estos trabajadores oscilaban entre 80 y 90. El ahorro supera los tres millones de euros, cifran fuentes de la Consejería.

La reducción de directivos en EPSA (que pasará en breve a denominarse Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía) supuso un ahorro de 2,1 millones. El proceso no tiene por qué haber concluido, ya que desde la Consejería avanzanque "se mantiene abierto el proceso de redimensionamiento directivo". Los propios trabajadores de la empresa, cuya plantilla está integrada por 668 personas (entre servicios centrales y las ocho gerencias provinciales), acogieron "muy favorablemente estas medidas", subrayan fuentes de la Consejería. También el principio ético "irrenunciable" de eliminar las indemnizaciones por cese a los directivos elegidos por libre designación, un gesto inédito y que, hasta donde se conoce, no ha tenido continuidad en otras empresas públicas.

Fomento denunció a altos cargos que habían disfrutado de privilegios "de dudosa legalidad y moralidad, diseñados ad hoc para recibir cuantiosas retribuciones", como adelantó en octubre de 2012 esta redacción. Durante años los procesos de selección para personal directivo carecieron de criterios objetivos y estuvieron reservados a personas designadas esencialmente por su afinidad política, denunciaron los nuevos responsables de la empresa pública en los juzgados. La Consejería mantiene en la actualidad diversos procesos judiciales "sub iudice en defensa del interés de la Administración y del dinero público frente a quienes han intentado aprovecharse con privilegios injustificables", señalaron las mismas fuentes.

Dentro de este departamento, subrayan, la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía también ha pasado de 13 a siete directivos y la plantilla de 141 a 115 trabajadores. La Agencia Pública de Puertos por su parte detalla que las medidas de ahorro y austeridad en gastos generales han supuesto en esta legislatura el ahorro de 3,7 millones de euros. Recogen la reducción en gastos de arrendamiento, comunicaciones, viajes y trabajos externos de empresas y profesionales.

Queda mucho trabajo por hacer, exponen las mismas fuentes, que por primera vez han aportado transparencia al opaco universo de las empresas públicas de la Junta.