La Junta de Andalucía deberá hacer frente en los tribunales a la demanda de al menos un millar de interinos que le reclaman el reconocimiento de su antigüedad y, por tanto, el pago de los trienios atrasados más los intereses legales por demora de la Administración. Para ello se basan en una sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en la que se reconoce que la negativa a abonar estos pluses por antigüedad constituye una discriminación laboral. Esta demanda, que afecta a personal de todos los cuerpos de la Junta de Andalucía, podría suponer el desembolso de entre 9.000 y 1.000 euros por demandante, según los cálculos realizados por el sindicato Ustea, promotor de esta demanda.

El Estatuto del Empleado Público, que entró en vigor en en conjunto del Estado en la primavera de 2007, reconoció por primera vez el derecho de los funcionarios interinos a cobrar los trienios, obligando también al reconocimiento de la antigüedad por los servicios prestados antes de la entrada en vigor de la ley. El Ministerio de Administraciones Públicas trasladó de este modo a España una Directiva Europea del año 1999 que obliga a los estados miembros a no discriminar ni a efectos retributivos ni de promoción profesional a los trabajadores de la administración con contratos de duración determinada. Pero en España se adaptó a la normativa europea con retraso, ya que la Directiva debía haberse adaptado en julio de 2001.

Y es precisamente en este retraso a la hora de aplicar la norma en el que se basa Ustea para iniciar el proceso de reclamar a la Administración autonómica el pago de los trienios retrasados con un tope de cinco años, que es el que establece la Ley General de la Hacienda Pública andaluza antes de que prescriba el derecho al reconocimiento de un pago desde las arcas públicas. El sindicato cree que la reclamación afecta a todo el personal de la Junta, tanto de administración general como de los cuerpos Justicia, Educación y Salud.

La justicia europea ya ha dado la razón en una reclamación similar a una administrativa del Servicio Vasco de Salud que, tras aprobar las oposiciones y conseguir el puesto como funcionaria, reclamó los trienios del periodo en que fue interina. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en una sentencia del 13 de septiembre de 2007, consideró que el no reconocimiento de la antigüedad supone una discriminación con respecto al personal fijo de plantilla.

La Junta ha respondido negativamente a las demandas por la vía administrativa presentadas hasta ahora, por lo que Ustea considera que deben comenzar las denuncias por la vía de lo contencioso administrativo. Hasta ahora, ninguna administración ha reconocido a sus trabajadores el abono de trienios anteriores a la entrada en vigor del Estatuto del Empleado Público.