Andalucía

El ex interventor denuncia el "pillaje" de documentos para favorecer a Griñán

  • Manuel Gómez pidió en julio a Hacienda que abriera una investigación tras conocer que otro ex alto cargo imputado logró documentos cuya destrucción la Junta había certificado a la juez.

El ex interventor general de la Junta, Manuel Gómez, imputado por la juez Mercedes Alaya en la causa de los ERE fraudulentos, ha denunciado el "pillaje" y "saqueo" de los fondos documentales oficiales de la Junta para favorecer la versión del fraude que el ex presidente de la Junta José Antonio Griñán ofreció en la comisión parlamentaria de investigación derivando la responsabilidad de lo ocurrido a la Intervención General de la Junta.

El interventor general remitió el pasado 10 de julio un escrito a la consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta, María Jesús Montero, a la que solicitó la apertura de una "información reservada" con el fin de determinar si ese "saqueo" de los fondos documentales constituye una infracción disciplinario o penal por parte de los autores y a partir de ahí "actuar en consecuencia con el resultado" de esa investigación.

En la carta, Manuel Gómez alerta a la consejera de Hacienda de que se han producido en los últimos meses "determinadas vulnerabilidades" de los archivos documentales de su departamento. En concreto, el interventor asegura que el 30 de julio de 2013 el ex director general de Presupuestos Buenaventura Aguilera -también imputado en la causa de los ERE- remitió un correo electrónico a otros imputados en el que expone su convicción de que el proyecto de Presupuesto de la Junta y los expedientes de modificaciones presupuestarias no son un cometido de la dirección general de Presupuestos sino de la Intervención General y lo acompaña de una serie de documentos de la consejería de los últimos 14 años.

En ese correo, Buenaventura Aguilera comenta que le están "escaneando" las solicitudes realizadas desde la Consejería a la Intervención de propuestas normativas para la ley del Presupuesto de cada año, una información de la que este imputado deduce que "toda la arquitectura de transferencias de financiación la propone la Intervención", con el argumento de que es un instrumento que permite controlar mejor la financiación de los entes instrumentales que las subvenciones nominativas".

El interventor también asegura que una de las notas de reparo aportadas por la defensa de Antonio Lozano y Buenaventura Aguilera en un recuso "habría sido obtenida de los archivos de la Dirección General de Presupuestos". Manuel Gómez añade que se ha facilitado una copia escaneada de todas las comunicaciones remitidas por la Intervención General a la Viceconsejería entre los años 2004 y 2010, y advierte a la consejera de que "el acceso a los fondos documentales de la Junta de los últimos 15 años, que se deduce de los hechos descritos, requiere salvoconductos y autorizaciones que sólo ciertas instancias pueden facilitar". Por ello, el ex interventor considera que la Consejería debería tomar medidas para "impedir que se siga produciendo este pillaje de los fondos documentales oficiales y para castigar a los responsables de tales conductas".

En la carta, Manuel Gómez tilda de "sorprendente" la facilidad con la que determinadas personas disponen de los archivos de la Junta, sobre todo cuando la Administración autonómica ha certificado en el juzgado que toda documentación anterior a 2005 "ha sido destruida", por lo que el ex alto cargo está convencido de que el juzgado "estará interesado en conocer las razones por las que no puede disponer de documentos de los que, en cambio, algunos parecen disfrutar con inusitada desenvoltura".

El funcionario también tiene una explicación para que se lleven a cabo estas iniciativas. "Es evidente que las mismas se inscriben en la senda que abrió el anterior consejero de Economía y Hacienda y presidente la Junta de Andalucía [José Antonio Griñán], en su inefable comparecencia ante la comisión parlamentaria de investigación sobre los ERE, en la que pretendió eludir sus responsabilidades en el asunto, tratando de endosárselas, de modo insensato, a la Intervención General" y que continuó la propia comisión parlamentaria "con su infame acuerdo final".

El recurso de Lozano y Aguilera, concluye el ex interventor, sostiene la "delirante teoría de que la elaboración del presupuestos de gastos y la gestión de las modificaciones presupuestarias no son los principales cometidos de la dirección general de Presupuesto, sino de la intervención general de la Junta".

Hacienda no ha contestado a la petición de Manuel Gómez de abrir una información reservada, aunque sí ha acusado recibo de su escrito y de la documentación que ha solicitado para su defensa, aunque en este caso le comunican que parte de la documentación reclamada es demasiado amplia y no la pueden complimentar.

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