La investigación abierta por la Junta por las subvenciones otorgadas en los últimos años a UGT marcha como sigue: las informaciones periodísticas que desde agosto han destapado el desvío de dinero público para usos privados del sindicato llevaron a la Junta a abrir 17 expedientes en los que requirió información a UGT. De éstos, se conocía que la Junta ha encontrado en dos ayudas razones para pedir la devolución del importe concedido: 1,8 millones de euros. El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, sumó ayer otras siete sospechas: tres expedientes ya cuentan con un informe de conclusiones de los funcionarios y han pasado al gabinete jurídico (en la misma situación administrativa que los dos sobre los que se han encontrado anomalías) y en otros cuatro la Junta ha iniciado una revisión de oficio al considerar que la información aportada por UGT es insuficiente. De la otra mitad de ayudas aún no hay noticias, salvo que en una de ellas (la factura de los maletines) el sindicato ha reintegrado voluntariamente la subvención. En paralelo, y también motu proprio, el sindicato devolvió 25.000 euros por dos subvenciones gastadas de manera indebida en una comida de la feria de abril de Sevilla y en la adecuación de un pabellón para un encuentro sindical.

La investigación de la Junta está en un proceso muy embrionario, pero la presión del caso ha precipitado al Gobierno andaluz a informar a cuentagotas sobre un proceso de carácter muy técnico y cuyo resultado final es impredecible. Los 17 expedientes abiertos recogen subvenciones por 7,5 millones; UGT podría verse obligada a devolver todo, nada, o la mitad. También la devolución de esos 1,8 millones, que comprometería seriamente la solvencia del sindicato, está por ver. Según la descripción del proceso, quedan periodos de alegaciones, varios informes jurídicos y hasta un dictamen del Consejo Consultivo. Las subvenciones, recibidas por UGT entre 2009 y 2012, están ya justificadas y lo que la Junta investiga es si el justificante que le remitió el sindicato coincide realmente con el gasto comprometido, tras revelarse en informaciones periodísticas que en algunos casos no se procedió de tal manera.

En la comparecencia parlamentaria, el caso de las facturas de UGT derivó en una nueva trifulca política con el PP, que pretende salpicar a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, al igual que hiciera con el caso de los ERE y José Antonio Griñán. El portavoz parlamentario, Carlos Rojas, acusó a la Junta de "pasividad" ante un proceso que investiga la Fiscalía y a Susana Díaz de no cumplir con su aserto de que "quien no combate la corrupción, la comparte". Rojas intentó sin éxito conocer si la Junta se personará cuando el caso se abra y censuró que la semana pasada la Junta otorgase al sindicato 3,6 millones para el servicio de orientación profesional mientras está siendo investigado. "Puede usted pedir que el Gobierno le retire la subvención al PP, porque está siendo investigado por una contabilidad en b", le contestó en la réplica el consejero de Economía.

Mientras tanto, la actualidad en el sindicato sigue centrada en el despido de un trabajador al que se le acusa del borrado de 1.756 archivos de la contabilidad. La desaparición de estos archivos, dijo la dirección del sindicato, dificulta la aportación de información a la Junta. El afectado, Laureano Conde, acusó a la dirección de "mentir". Uno de los dirigentes del sindicato, el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, confió ayer en que la dirección de la UGT tenga las pruebas que demuestren que el trabajador despedido fue el autor del borrado de ficheros informáticos relativos a la contabilidad del sindicato.