La Andalucía cuyo estado se va a analizar en el Parlamento el próximo miércoles sigue siendo muy localista. Las estadísticas ofrecen números globales del crecimiento económico y número de pensionistas, funcionarios, dependientes o parados. Pero más allá de las cuentas, estamos muy lejos de un sentimiento de cohesión dentro de la comunidad autónoma; cada provincia, cada ciudad o pueblo tiene para sus habitantes más importancia que el conjunto de la región, después de 30 años de proceso autonómico.

El ajuste presupuestario tiene unos condicionantes precisos: en Andalucía hay más de 500.000 funcionarios de las administraciones central, autonómica y local; más de la mitad son de la Junta de Andalucía. Y hay casi cien mil trabajadores en empresas públicas. Unas 600.000 personas en total. Un millón de euros al mes cobra el millón y medio de pensionistas andaluces. Y hay un millón de parados. Por cada siete trabajadores en el sector privado, hay nueve funcionarios, parados y pensionistas.

Un desequilibrio difícil de mantener sin una reactivación económica rápida que aumente la actividad y los ingresos vía impuestos. No es sólo un problema de las cuentas públicas. El gasto de los andaluces en consumo e inversión supera ampliamente nuestros niveles de producción y renta. Y, además, en los años de la crisis el PIB se ha reducido en un 4,5%.  

Hubo un tiempo en el que desde el Gobierno andaluz se lanzó la idea de que el modelo de desarrollo era Finlandia, un país que invierte en I+D más del triple que Andalucía y en el que se venden cuatro veces más periódicos, por poner un ejemplo científico y otro cultural. La escasez de empresas de base tecnológicas y su pequeña dimensión dificultan un cambio de modelo hacia lo que se ha llamado economía sostenible, un arquetipo del que ya casi no se habla, tras el ajuste presupuestario.

Entretanto, el sector inmobiliario está con encefalograma plano. La construcción va a sufrir un parón espectacular: sin contar las concesiones de los metros de Sevilla, Málaga y Granada, ha habido años con picos de inversión en obra pública de 1.700 millones de euros y ahora nos vamos a instalar en torno a los 500 millones. La agricultura vive uno de sus peores momentos de las últimas décadas, por la bajada de precios y la renta agraria, y sin liquidez, por la crisis financiera. Sólo el turismo ofrece unas perspectivas aceptables este año.

En el plano social, hay rémoras que costará superar: nuestros índices de consumo cultural en lectura, cine, teatro, conciertos, ópera o compra de música están por debajo de la media española. Sólo en consumo de televisión estamos cerca del liderazgo nacional. No es un balance muy halagüeño. Pero, encima, está el ajuste presupuestario.