El juez José María Fernández Seijo, magistrado del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona y que llevó la Ley Hipotecaria española ante el Tribunal de Justicia de la UE, considera el recurso del Gobierno nacional sobre el decreto andaluz de desahucios, admitido a trámite por el Tribunal Constitucional (TC) y que conlleva la suspensión de la norma andaluza durante cinco meses, más "una estrategia política de enfrentamiento que una cuestión técnico-jurídica".

En una entrevista, Seijo afirma que "no hay ningún elemento" en el decreto que "permita pensar que la Junta haya actuado fuera de sus competencias, ni que la Junta esté vulnerando derechos fundamentales". En su opinión, las materias de vivienda están transferidas a las comunidad, por lo que, "en teoría, no debería haber conflicto". De esta manera, cree que es "más un recurso político y no técnico".

Seijo explica que la suspensión del decreto de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda por parte del TC es automática y dura cinco meses y es así "cada vez que el presidente del Gobierno recurre por inconstitucionalidad una norma autonómica". "No hay una decisión política en el Constitucional al suspender la norma", matiza. "El TC tiene que revisarlo cada cinco meses y, por tanto, cuando acabe este periodo puede volver a suspenderlo cinco meses más y mientras siga el recurso puede mantener la suspensión hasta que el TC dicte sentencia", señala el magistrado, quien estimado que esto puede demorarse entre 14 y 28 meses.

Añade Seijo que, a partir de la suspensión del decreto andaluz, las entidades financieras pueden reactivar los lanzamientos y, en este caso, las personas afectadas podrían solicitar la aplicación de la norma estatal 1/2013, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, que "en algunos casos y sobre todo cuando hay riesgo de exclusión social en vez de desahuciar puede permitir la paralización de las ejecuciones". Asimismo, advierte que los jueces podrían decidir la suspensión del lanzamiento para aquellas familias que ya se habían acogido al decreto andaluz "ante los perjuicios que puede causarse a las familias que viven en las casas", pero "eso ya es decisión de cada juez".