Los contenidos relacionados con la memoria histórica pasarán a formar parte de la materia que se imparte en los institutos y en las aulas de educación de adultos si prospera el anteproyecto que IU llevó ayer al Consejo de Gobierno de la Junta y que aún debe pasar el trámite del Consejo Consultivo y del Parlamento. Según este anteproyecto, los contenidos educativos sobre la represión franquista "deberán basarse en las prácticas científicas propias de la investigación historiográfica" y tendrán que ser incluidos por la Consejería de Educación en los diseños curriculares de los estudiantes de Secundaria y de Bachillerato.

IU ha conseguido que el anteproyecto pase el primer filtro del Consejo de Gobierno a pesar de que en el PSOE hay reticencias para aprobar con rapidez esta ley. Una fuente socialista explicó a este medio que las circunstancias políticas actuales del país no son propicias para abrir un debate en Andalucía sobre un proyecto de memoria histórica que va más allá de la ley nacional, al prever sanciones si no se retiran todos los símbolos con independencia de su valor artístico, prohibir los actos de exaltación del franquismo y expropiar los terrenos con fosas en el caso de que los propietarios no se avengan a las exhumaciones. Además, el período objeto del texto legal se extiende desde el 14 de abril de 1931, día de la proclamación de la Segunda República hasta el 11 de enero de 1982, cuando entró en vigor el primer Estatuto de Andalucía. Incluye, por tanto, toda la Transición española y los años posteriores a la aprobación de la ley de amnistía.

La ley obligará a la retirada de todos los símbolos y elementos relacionados con el franquismo o que desmerezcan la legalidad republicana, pero con independencia de su valor artístico, como ocurre con la norma nacional. Este precepto se extiende a particulares y a instituciones públicas, así como a la Iglesia, y se da un plazo de 18 meses para la retirada. Fuentes socialistas explicaron que este período se ha puesto para que, en cualquier caso, la norma nunca entre en vigor antes de las elecciones municipales de mayo del próximo año. El artículo 33 del redactado mantiene que la Junta no dará ayudas públicas a quienes tengan alguna sanción por violar algunos de los preceptos de la ley.

En el caso del monumento a Primo de Rivera que hay en la plaza de Bibatubín de Granada, el Ayuntamiento podría perder, según el portavoz de IU en esta ciudad, los nueve millones de euros anuales que recibe de la Junta si no lo retira. Hasta ahora, este Consistorio ha alegado que el monumento tiene categoría artística.

Uno de los artículos más polémicos, y que no están desarrollados, es el que mantiene que la Junta "evitará" los actos de exaltación u homenaje a responsables de la dictadura. Leído así, la Junta tendría que prohibir, por ejemplo, los actos que se celebran el 20 de noviembre, fecha de la muerte de Franco y de José Antonio Primo de Rivera. Al ser preguntado ayer por ello, el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, admitió que la casuística es muy amplia y, en algunos casos, puede chocar contra algunos derechos, tales como el de manifestación o expresión. El anteproyecto también prevé la expropiación temporal de los terrenos donde aparezcan fosas y cuyos dueños no dejen que se realicen los desentierros, habilita a la Junta para que sea la encargada de proceder en las tierras y carga a la Administración las pruebas de ADN. A pesar de que ello conlleva un notable gasto, el anteproyecto carece de una memoria económica.

La ley contempla sanciones que van desde los 200 euros para las infracciones más leves a los 150.000 euros para las más graves. La consideración de víctimas se extiende a andaluces que sufrieron represión en campos nazis, a familias de bebés desaparecidos y a a colectivos represaliados como los homosexuales.