Un total de 498 ayuntamientos andaluces, el 65% del total de la comunidad, pueden comenzar ya a medir su demanda "exacta" de vivienda de protección oficial (VPO), al haber aprobado en sus plenos las bases de sus registros municipales de demandantes de vivienda protegida. Estas bases de datos, recogidas en la Ley de Derecho a la Vivienda, permiten conocer las necesidades de VPO en cada municipio de la comunidad y ajustar consecuentemente la oferta. El consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, resaltó ayer en comparecencia parlamentaria que, hasta la entrada en vigor de la orden que regula los registros el pasado mes de julio, Andalucía no había dispuesto de "ningún método" para cuantificar su demanda de VPO.

Sin embargo, los registros "vienen a superar este déficit", porque recogerán "cuántos ciudadanos tienen derecho a una vivienda en cada localidad y qué tipo de vivienda necesitan o quieren", aseguró Espadas.

Estas bases de datos, en las que podrán inscribirse todos los ciudadanos que demanden una VPO o un alojamiento protegido y que cumplan los requisitos legales para acceder a una vivienda, conformarán, según detalló, un retrato de la demanda contrastado y sistematizado a partir de las cuales se elaborarán los planes municipales de vivienda.

Entre las localidades se encuentran siete de las ocho capitales de provincia, si bien indicó que "Cádiz ha manifestado su voluntad de aprobar dichas bases en este mes". Por provincias, resalta el grado de aprobación de los registros en Huelva, con 64 ayuntamientos.