El Consejo de Gobierno de ayer, marcado por la salida de Manuel Chaves, sirvió también para aprobar el anteproyecto de la Ley de Aguas andaluza y, con ella, un nuevo régimen fiscal basado en tarifas por tramos que incentivarán el ahorro y castigarán el consumo excesivo. Con la nueva norma, una vez supere en los próximos meses los retoques previstos en la negociación con los agentes sociales y el debate parlamentario, llegará el nuevo impuesto de mejora de infraestructuras de depuración, que oscilará entre los 10 y los 40 céntimos de euro por metro cúbico consumido. La tasa a aplicar en en este canon irá creciendo en función del agua consumida , aplicándose como elemento corrector el número de personas que convivan en el domicilio. Los usos no domésticos tendrán una tasa fija de 0,25 euros por metro cúbico. El usuario doméstico deberá pagar además una cuota fija de 1 euro al mes.

Andalucía se une así al conjunto de comunidades que imputan una tasa sobre el agua para financiar las infraestructuras de depuración y hacer cumplir el principio de recuperación de los costes que impone la normativa europea. Si finalmente éste queda entre los 0,10 y los 0,40 euros por metro cúbico, se situaría en el valor medio de las tasas aplicadas en el resto de España. En el caso de Cataluña oscila entre el 0,31 a 1,2 euros, en Madrid de 0,31 a 0,35, en Aragón por encima de 0,44 y 0,19 en Galicia.

Actualmente son las empresas de agua las que imponen a los usuarios un canon para financiar la construcción de las depuradoras. En Andalucía un 45% de la población paga ya por este concepto a 23 empresas suministradoras. Con la nueva ley lo que se hace es homogeneizar esta tasa para el conjunto de la comunidad y que su recaudación pase a la Agencia Andaluza del Agua, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente.

Este dinero será esencial para completar el mapa de las estaciones depuradoras en Andalucía, donde es necesario construir en los próximos años 300 plantas, fundamentalmente en las poblaciones pequeñas, aunque buena parte de esta inversión debe provenir del acuerdo, aún no alcanzado, entre el Ejecutivo andaluz y el Ministerio de Medio Ambiente para desarrollar el Plan Nacional de Calidad de las Aguas 2007-2015.

El texto aprobado ayer por el Gobierno permitirá desarrollar legalmente los 97 puntos que componen el Acuerdo Andaluz por el Agua, suscrito el pasado 3 de febrero. Así, se crea el Banco Público del Agua, que distribuirá los recursos provenientes de la puesta en marcha de nuevas infraestructuras y, sobre todo, el ahorro conseguido con la modernización del regadío. La administración del agua se reserva sobre estas reservas la posibilidad de realizar ofertas públicas de adquisición de derechos para, entre otros asuntos, mejorar el estado ecológico de las masas de agua o ceder los recursos.

La norma, que potencia la figura de los entes supramunicipales como gestores del agua en lugar de las empresas locales, obligará además a los ayuntamientos de más de 100.000 habitantes a elaborar planes de emergencia ante la sequía.