"Las detenciones en la Alhambra no afectan al número de visitantes, aunque sí que generan una mala imagen del destino, de la Alhambra y del turismo regional". De este modo valoró el presidente de la Federación de Hostelería de Granada, Trinitario Betoret, la investigación judicial conocida como Operación Colina Roja II, por la que la pasada semana fue detenida la anterior cúpula de dirigentes de la Alhambra. En total, 26 personas fueron detenidas acusadas de presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, fraude a la administración, malversación de caudales y tráfico de influencias, entre las que además se encuentran funcionarios y empresarios vinculados al monumento entre 2007 y 2015.

Eran sobre las siete de la mañana del martes cuando el monumento nazarí se inundó de agentes de la Policía Nacional. El motivo era la puesta en marcha de la segunda parte de la Operación Colina Roja, cuyas diligencias se abrieron en el año 2017 como consecuencia de los amplios derroteros delictivos detraídos de otra causa abierta en el año 2015, la conocida como el fraude de las Audioguías, por la que ya fueron detenidos, al igual que ahora, los anteriores dirigentes de la Alhambra, María del Mar Villafranca, Victoria Chamorro y José María Visedo.

Estas nuevas detenciones llegan tres años más tarde y, pese a que la investigación partió a raíz de la estafa en la contratación de las audioguías, se trata de una causa independiente. Si bien lo que sí ocurre es que afean la imagen del monumento ya que de nuevo vuelve a verse en el punto de mira judicial.

Tal y como declaró Betoret a Efe, desde la Federación de Hostelería desean que esta nueva investigación se gestione "con rapidez para minimizar los efectos negativos en la imagen y el turismo", ya que aunque los arrestos no afectan a la entrada al monumento, "sí que generan mala imagen del destino, de la Alhambra y del turismo".

"Pedimos celeridad porque este tipo de noticias no beneficia al destino", resumió Betoret, que recordó los diez años transcurridos desde que comenzó a instruirse el conocido como 'caso Alhambra', que analizó un posible fraude en los accesos al monumento, hasta que el pasado mes de febrero se conoció la sentencia. El sector ha pedido además que "se nos escuche más" en la gestión del monumento, en la que no interfieren ni conocen de manera diaria y directa.