El próximo lunes el cerebro del caso Malaya, Juan Antonio Roca, comenzará a hablar. O no. A las 10:00 está previsto que arranque el juicio por el caso Malaya con el interrogatorio del principal encausado. La vista oral fue suspendida el pasado 26 de octubre tras la exposición de las cuestiones previas. Antes de que se reanude la vista oral el tribunal que preside el magistrado José Godino debe resolver esos asuntos preliminares. El tribunal ha previsto que se juzgue por bloques y el primero que se expondrá será el referido a la operación Crucero Banús. Se trata de un paquete menor de este macroproceso, en el que únicamente se analizan los delitos de blanqueo y fraude fiscal que pudieron cometerse en un fabuloso negocio inmobiliario que tuvo lugar entre 2001 y 2002 en las proximidades de Puerto Banús.

Según lo pinta el fiscal en su escrito de acusación, Pedro Román, primer teniente de alcalde de Marbella tras la llegada de Gil al Ayuntamiento y antes de que se encumbrara Julián Muñoz, se puso de acuerdo con Juan Antonio Roca, el abogado Juan Hoffmann y el comisario de Policía Florencio San Agapito para comprar una parcela, inicialmente calificada como suelo comercial. Pero para eso estaba allí Juan Antonio Roca, un hombre con poder en el Ayuntamiento.

Continúa el fiscal Anticorrupción Juan Carlos López Caballero explicando en su escrito de acusación que la función de Roca consistía en promover la recalificación de la finca, aumentar su edificabilidad y conseguir que el Ayuntamiento le cediera parte de sus aprovechamientos. Con esta presumible intención los cuatro procesados constituyeron en suiza la sociedad Lispag, participada al 62,5% por Pedro Román. Roca y San Agapito poseían un 15% cada uno y Juan Hoffmann el 7,5% restante. El 16 de octubre de 2001 Lispag compró Yambali, la entidad propietaria del solar. Desembolsó 4 millones que se pagaron en Suiza, aunque el fiscal sostiene que hicieron constar en la escritura como precio de venta únicamente 841.416 euros. Ese mismo día el Ayuntamiento firmó un convenio con Juan Hoffman gracias al cual el techo edificable del terreno pasó de 532 metros a 11.406, "con un perjuicio para las arcas municipales de casi 5 millones de euros".

El convenio fue ratificado el 25 de septiembre de 2002 y ocho días después el 90% de Yambali, sociedad propietaria del terreno, fue vendido al promotor granadino José Ávila Rojas, también procesado en el caso Malaya aunque no por su vinculación a esta pieza concreta del sumario. Ávila Rojas pagó 10,4 millones de euros. Es decir, el negocio se había saldado con "un beneficio de más de 6 millones de euros", según el fiscal. En diez meses se había cerrado un gran pelotazo urbanístico.

La teoría que mantiene la Fiscalía Anticorrupción es que el abogado Juan Hoffmann se encargó del "diseño" de las operaciones en el exterior que se hicieron para darle salida a los fondos obtenidos en la operación, utilizando cuentas vinculadas a fundaciones con sede en Liechetenstein. Además, los socios aún poseían el 10% de Yambali y de esa forma "se garantizaban participar en la posterior edificación a realizar en el terreno".

Yambali obtuvo licencia de obras, aunque la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA la ha suspendido al considerar que es ilegal a causa de la recalificación del suelo y del aumento de la edificabilidad que se le ha imprimido. Esta licencia se obtuvo "por las gestiones que al efecto hizo el imputado Roca" ya que "dominaba de hecho" la política urbanística en el municipio.