Una treintena de afectados por la destrucción del camping Doñana de Mazagón -arrasado por las llamas el 25 de junio del pasado año, cuando lo devoró el incendio que se originó un día antes en el paraje moguereño de Las Peñuelas- fueron citados ayer por la jueza del Instrucción 2 de Moguer para ratificar su personación en el procedimiento penal que se sigue contra Carbones Fergón, empresa a la que se atribuye el inicio del siniestro por negligencia que fagocitó más de 10.000 hectáreas de matorral y arbolado del parque natural de Doñana.

Son solo algunos de los más de 220 damnificados del alojamiento turístico, según los cálculos del letrado que representa a 149 de ellos, Nicomedes Rodríguez, con una media de pérdidas por familia de entre 15.000 y 25.000 euros, "aunque también tenemos a gente que ha perdido solo 3.000 y a otros con daños cuantificados en 60.000 euros". En lo que a la procedencia de los perjudicados se refiere, "unos 140 son de Sevilla; pero también los hay de Huelva, Málaga, Córdoba o que trabajan en el extranjero".

Las víctimas llevan desde el mes pasado confirmando su personación en el procedimiento en el que figuran como investigados los tres máximos responsables de la carbonería moguereña -el administrador de la empresa, el encargado y el jefe de mantenimiento- y continuarán haciéndolo en el mes de septiembre.

En paralelo, "hemos solicitado a la jueza que incluya en la causa como responsables civiles del incendio a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y a los ayuntamientos de Lucena del Puerto y de Moguer, por las cuestiones administrativas", entre ellas el otorgamiento de licencias. La titular del órgano que instruye esta causa compleja todavía no ha resuelto sobre este extremo, precisó a Huelva Información Nicomedes Rodríguez. Entiende el jurista que ahora debe dar traslado a la Fiscalía de Huelva para que se pronuncie sobre esta cuestión.

Hay que tener en cuenta que la Junta de Andalucía figura en el procedimiento como perjudicada, lo que al abogado le parece "algo totalmente contradictorio". No obstante, en su solicitud no ha hecho hincapié en que la Administración autonómica quede excluida de la categoría de damnificados. "Eso no nos corresponde, aunque sería lógico que suceda".

En el mes de junio los casi 150 clientes de Rodríguez acudieron a la vía puramente administrativa en busca de una reparación del daño. El abogado avanza a este diario que ha presentado expedientes de reclamación patrimonial tanto al Ministerio del Interior como a la Junta de Andalucía. Esta última "no nos ha contestado todavía, ni siquiera para notificarnos el inicio del procedimiento administrativo", pese a que tiene como máximo hasta diciembre para resolver el asunto.

La reclamación de indemnizaciones al Estado tiene su base, explica, en "la actuación de la Guardia Civil, que evacuó el camping Doñana 13 horas antes de que el fuego llegara", en torno a las 5:00 de la madrugada del 25 de junio de 2017. "Remarcamos que si hubieran dejado a la gente llevarse sus enseres, se hubiera evitado el perjuicio económico".

Interior ha redirigido el asunto a los servicios jurídicos de la Dirección General de la Guardia Civil. "Nos han contestado que ya se ha incoado el procedimiento", apunta Rodríguez.

La petición de la indemnización a la Consejería de Medio Ambiente, por su parte, se fundamenta en "cuestiones administrativas".

En estos expedientes de reclamación patrimonial no se fija una cuantía concreta para las compensaciones, al menos "no por el momento".

Los afectados citados ayer en el Juzgado de Instrucción 2 de Moguer compartían sus pesares a la puerta de la sede judicial. No pierden la esperanza en que se haga justicia, aunque son conscientes de que es complicado que se les repare totalmente el daño "porque también hay un perjuicio emocional difícil de valorar". El matrimonio sevillano conformado por Mercedes López y José Luis Asián tenían en el camping Doñana su residencia fija: "Perdimos nuestra casa, una casa como cualquiera aunque no tuviera ladrillos". Fueron pasto de las llamas "todos los electrodomésticos, las fotos y hasta la ropa, nos quedamos sin nada".

Los peritos han cuantificado en 11.000 euros los daños patrimoniales padecidos. Afortunadamente, "no vivimos el desalojo porque ese fin de semana operaban a mi hermana", explica López. Asián cree que se pudo hacer más por evitar que el siniestro forestal afectara al camping de Mazagón: "Creo que lo usaron de cortafuegos para que no llegara al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) y para proteger al lince y a Doñana", sentencia.

José Siles, natural de localidad sevillana de La Puebla del Río, pasaba la temporada el las instalaciones turísticas cuando "me avisó un vecino de que había que desalojar". Despertó a su mujer y a su hijo, subieron al coche y "tiramos para casa". No les dio tiempo a recoger nada. Recuerda especialmente el retorno: "Aquello era el camping de los horrores, como si hubiera habido una guerra, todo lleno de hierros, no quedaba nada".

Siles tiene claro que "alguien se tiene que hacer responsable de lo que nos ha pasado, porque aquí hay muchas negligencias y creo que no se han puesto medios suficientes para proteger" las instalaciones. El peritaje ha fijado en 12.000 euros las pérdidas de sus pertenencias.

Otro hispalense, José Benjumea, ve lejos la solución porque "teníamos un seguro pero todavía no nos han dado ni la pericial", así que desconoce la cuantía de lo que debe reclamar. Eligió el camping Doñana para pasar la temporada estival del año pasado "porque tiene una buena piscina, la playa está al lado y admitían a nuestro perro". Ya era el tercer año que se alojaban allí y "decidimos coger una parcela". En la evacuación de aquella madrugada del 25 de junio "no estábamos porque mi mujer y yo trabajamos en la hostelería" y era fin de semana. Si pudieran, "volveríamos hoy mismo". Se pregunta a estas alturas que "¿cómo se cuantifica el daño emocional? Tenemos hoy la misma pena que hace un año y todos los días nos acordamos del camping, sobre todo pasando el verano ahora en Sevilla".

Otra paisana, María Dolores Narváez, perdió 14.000 euros en el camping Doñana. Se instaló con su caravana en febrero y pensaba quedarse en la parcela hasta octubre, pero el incendio de Las Peñuelas le frustró los planes. Cuando se percató de lo que se avecinaba, "corrimos hacia la playa". Su familia regresó en torno a las 4:30 y una hora después "nos desalojó la Guardia Civil". Se le ha quedado clavado el olor a quemado en el alma. "Salimos de allí y paramos en El Rocío porque pensábamos volver", pero no pudo hacerlo.

Un año después, con el camping ya restablecido, "he vuelto y he comprado un módulo porque la verdad es que nos han puesto muy buenas condiciones y durante unos años no tenemos que pagar el fondo perdido". Ha recuperado lo que más le gusta, esa familia que había creado con sus vecinos, "con los que pasamos muy buenos ratos; llevo siendo campista desde los 18 años y como este ninguno, no podía quedarme sin el paraíso".

Ahora todos esperan que el procedimiento penal se agilice y puedan recuperar más pronto que tarde lo que perdieron en el infierno.