"Abrir en canal la concertación" o "revisar a fondo el modelo" fueron algunas de las fórmulas que empleó la presidenta del Ejecutivo andaluz, Susana Díaz, a finales del pasado año para referirse a su pretensión de darle la vuelta como un calcetín al esquema que viene parejo con cada uno de los acuerdos de concertación social que se han venido firmando desde 1993 y que hasta ahora ha tenido como únicos protagonistas a los líderes de los dos sindicatos mayoritarios -CCOO y UGT-, a la patronal andaluza -CEA- y al presidente del Gobierno andaluz. El alto nivel de desempleo en la comunidad (36%, con un 60% en el caso de los jóvenes), el recorte presupuestario y, sobre todo, las dudas sobre las gestión de estas partidas (en manos de la justicia en el caso de UGT) han empujado a la concertación social a un escenario proceloso.

De ahí que la presidenta del Ejecutivo andaluz planteara, desde su llegada a la presidencia de la Junta, un rediseño de este acuerdo que se firmó por última vez en 2009. La posible entrada en el octavo Acuerdo de Concertación de los agentes de economía social -agrupados muchos de ellos bajo las siglas de Cepes (Confederación Empresarial Española de la Economía Social) que representa los intereses de cooperativas, sociedades laborales, empresas de inserción, centros especiales de empleo o asociaciones del sector de la discapacidad- fue uno de los principales temas que ayer puso encima de la mesa en la maratoniana jornada de reuniones -y posados para las cámaras- que mantuvo Susana Díaz en el Palacio de San Telmo. Eso sí, por separado, tanto en la reunión como en la comparecencia posterior con los medios. Francisco Carbonero, secretario regional de CCOO, explicó que era "por razones protocolarias" para "que las nuevas caras", Carmen Castilla, secretaria general de UGT-A, y Javier González de Lara, presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), tuvieran, dijo, "su protagonismo".

En líneas generales, se avanzó poco, muy poco en estas reuniones: no quedó suscrita una fecha concreta, aunque el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, se esmeró en repetir que se va a "acometer con urgencia" una mejora del modelo vigente de Concertación Social, algo que esperan abordar "antes de las elecciones europeas", que se celebrarán el 25 de mayo; ni tampoco los protagonistas de la jornada avanzaron dato alguno sobre el presupuesto que sería necesario para relanzar esta nueva fotografía del pacto social en Andalucía. Tan claro tenía el líder de CCOO que la de ayer sólo se trataba de una reunión más institucional que otra cosa que llegó a decir, al respecto de la partida económica, que "yo no venía hoy a arrancarle a la presidenta nada; ella es la que ha convocado".

Sin embargo sí quedaron bastante claros otros aspectos. Por ejemplo, que un año después de la firma del Pacto por el Empleo -un remedo descafeinado de la concertación- promovido por el ex presidente José Antonio Griñán con los agentes sociales la evaluaciación que puede hacer es a todas luces negativa, principalmente porque "la parte de economía y empleo del pacto no se ha desarrollado" al "haber cambiado todos los protagonistas", declaró Carbonero. Todos menos él. Ya no están Griñán, ni Santiago Herrero ni el histórico ugetista Manuel Pastrana.

Con la voluntad, al menos enunciada, de no participar en más escenificaciones huecas que no llevan a nada, el secretario regional de CCOO remarcó que su organización "no quiere que estos acuerdos no terminen con mecanismos de evaluación, queremos cosas concretas con la idea de impulsar el empleo", una propuesta "concreta" que pasaría por fijar "una fecha prudencial" porque si no "estas cosas no tienen credibilidad".

Por otro lado, el presidente de la patronal andaluz, Javier González de Lara, rechazó la entrada de nuevos caras en la Concertación y limitó los protagonistas de la fotografía a lo estipulado por "la Constitución" y "el Estatuto de Autonomía" e incidió en que "no se puede abrir el diálogo a quien no ha acreditado su representatividad" porque, opinó, "es más importante el contenido que los actores".

Bastante más laxos sobre la hipotética entrada de Cepes en el Acuerdo fueron los líderes de CCOO y UGT. Carbonero dijo que la patronal de la economía social sí "los consideramos interlocutores legitimados", en cambio deja fuera del diálogo social y del propio acuerdo a "la sopa de letras de un montón de organizaciones de autónomos". Además, tanto CCOO, como UGT dejan fuera a los partidos políticos, como ha venido reclamando el PP, porque "para eso está el Parlamento" así como las corporacines locales, indicó el único superviviente en la primera línea andaluza del último pacto.

En este sentido, la popular Virginia Pérez declaró ayer que "espera" que Díaz hable con Juan Manuel Moreno sobre el nuevo modelo de concertación" porque "dentro de ese pacto tiene que estar el PP".

Entre otras patas del la "reunión cordial y densa" con Díaz, González de Lara trasladó a la presidenta la necesidad de financiación de las pymes y defendió las iniciativas recientes del Ejecutivo como la apuesta por la eliminación de las trámites burocráticos para agilizar "y redimnesionar" la Administración así como el plan de construcción sostenible dotado, sobre el papel, con 200 millones de euros.