La titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, ha requerido a la agencia IDEA para que "justifique debidamente" el interés para ejercer la acusación particular en la macrocausa de los avales y préstamos concedidos por esta entidad.

En una providencia, la instructora ha dado un plazo de diez días a IDEA para que se pronuncie sobre este interés y para que "aclare en todo caso, la titularidad de los fondos con cargo a los cuales fueron financiados los distintos expedientes de ayudas objeto de investigación en las presentes diligencias previas".

La providencia de la juez se produce a raíz de un escrito presentado por la Fiscalía Anticorrupción en el que, antes de pronunciarse sobre los recursos que presentó el PP contra la decisión de la instructora de hacer un "ofrecimiento de acciones" a la agencia Idea y tenerla personada como acusación particular, el Ministerio Público consideraba "imprescindible conocer a quién correspondía la titularidad de los fondos con cargo a los cuales se financiaron los distintos expedientes de ayuda". 

La Fiscalía añadía que "sólo de esa manera será posible saber si la agencia IDEA tiene o no la condición de perjudicado por los hechos objeto del procedimiento y si, en consecuencia, puede ser o no ser tenida como acusación particular en las presentes".

El Ministerio Público estimaba que la resolución del directo general de IDEA del 14 de abril pasado “no aporta información ni relevante ni suficiente para pronunciarse sobre la cuestión planteada, pues, para fundamentar la decisión de personarse como acusación particular en las presentes, se limita a afirmar que evacuado informe por el Área Jurídica de esta agencia se considera que a la defensa de los intereses de la agencia procede personarse como perjudicado en calidad de acusación particular”, precisa el fiscal.

Con anterioridad, la Fiscalía ya avanzó que Bolaños no ha "cercenado" la causa de los avales sino que se ha limitado a "ordenar" el avance de la investigación. Con estos argumentos la Fiscalía Anticorrupción pidió a la Audiencia de Sevilla que desestime el recurso presentado por la acusación popular que ejerce el PP contra la última decisión de la juez María Núñez Bolaños que parecía desinflar la macrocausa de los avales y préstamos de la agencia IDEA.

De las numerosas ayudas que, en principio, la juez Mercedes Alaya tenía intención de investigar en un sumario que algunos habían vaticinado que sería más grande incluso que el de los ERE fraudulentos, la instrucción se acotó a sólo 18 empresas después de que la magistrada María Núñez Bolaños limitara el objeto de la investigación en un auto dictado el pasado 2 de marzo, en el que reclamó a Idea únicamente la entrega de los expedientes de las empresas que pudieron "simultanear" las ayudas sociolaborales o a empresas investigadas en los ERE con ayudas públicas de "salvamento o reestructuración" a través de avales o préstamos que concedía la propia Idea en virtud de las competencias delegadas por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. 

La Fiscalía Anticorrupción presentó un escrito en el que, no obstante, solicita que se estime parcialmente el recurso del PP, en lo que se refiere únicamente a la decisión de la magistrada de no incorporar a la causa el informe de fiscalización realizado por la Cámara de cuentas  sobre los recursos y aplicaciones de fondos de la agencia Idea correspondiente al ejercicio 2012. El Ministerio Público entiende, como el PP, que ese informe en el que se recogen numerosas irregularidades en la agencia debe ser incorporado “desde este momento a las actuaciones, por ser pertinente, útil y necesario para la averiguación de los hechos que constituyen el objeto de investigación de este procedimiento”.

En cuanto a la posible limitación o acotación de la investigación a sólo 18 empresas, la Fiscalía considera que la juez Bolaños lo que pretende con su auto es "hacer avanzar el procedimiento y no excluir de la investigación las restantes irregularidades que ya se han puesto de manifiesto" tanto en los oficios de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como en el informe de cumplimiento de la Intervención General de la Junta relativo a la actividad de la agencia Idea del año 2009. "Si se hubiera acordado en dicho auto la exclusión de esas otras irregularidades, a buen seguro que el fiscal hubiera recurrido dicha resolución, lo que no ha hecho por entender que el auto simplemente se limita a dar impulso al avance de la investigación y no a cercenar la investigación en los términos que se sugieren por el recurrente", asevera el fiscal.

Para la Fiscalía, Bolaños no ha excluido de la investigación los denominados "avales excepcionales o propios", los que concedía IFA/Idea como instrumento genérico para el cumplimiento de su finalidad de promoción y desarrollo de la actividad económica en Andalucía. "El auto no restringe el objeto de la causa, sino que se limita a ordenar el avance de la investigación", insiste.

Las 18 empresas a las que se limita la investigación son las siguientes: A Novo Comlink España, Aglomerados Morell, Atarazana de Constantina, Bética Industrial, Cooperativa Panificadora de Cristo Obrero, Corchos y Tapones, Farebus, Hytasal, Industrias auxiliares Marteñas, Insersola, Matadero de la Sierra Morena, Pickman, Piensos andaluces compuestos, Saldauto, Scafa, Sociedad cooperativa industrial de Confección (Scoin), Tartesos Car y Tendencias Ferrera.