A la mina de Riotinto le quedaban por sortear dos grandes obstáculos cuando comenzó 2012: conseguir íntegra la propiedad de los terrenos y derechos mineros y convencer a la Junta de Andalucía de que su plan medioambiental tiene las suficientes garantías técnicas y avales económicos necesarios para sacar adelante el proyecto con el mínimo riesgo posible.

El primero le ha obligado a desembolsar más de 15 millones de euros al entramado societario formado por Rumbo, Zeitung e Inland Trading. En un principio, la promotora que pagó por los terrenos (unas 1.200 hectáreas) 2,8 millones en una subasta le exigía 60, lo que llevó a la multinacional Emed Mining a optar por la vía judicial y reclamar directamente la expropiación de terrenos. Finalmente, el dinero (los 15 millones) limaron las diferencias.

El segundo escollo, el medioambiental, es el que mantiene el proyecto paralizado y en vilo. Para poner en marcha la explotación la empresa debe manejar ingentes cantidades de aguas ácidas de mina y residuos acumuladas en la unidad industrial y su entorno. Hasta 3 hectómetros cúbicos de aguas altamente contaminantes deben evacuarse para comenzar a trabajar y la empresa ya sabe que no puede verterlas a cauce público porque el Paraje del Río Tinto es un espacio protegido y de un alto valor ambiental y científico.

La mayor parte de las aguas se encuentran retenidas en la zona de Corta Atalaya y Cerro Colorado. De este plan depende la obtención de la Autorización Ambiental Unificada pero la Junta de Andalucía mantiene al respecto que a día de hoy "no hay novedades". Sin más explicaciones. La última vez que la Junta emitió un mensaje enfrió el proyecto. Las consejerías de Innovación y Medio Ambiente acusaron a la empresa de "carecer de solvencia" y tacharon de "ilegal" pedir la transmisión de derechos sin tener un plan de explotación. Hasta agitaron el fantasma del accidente de Aznalcóllar para pararle los pies a Emed, empresa que tampoco se libró de oír su nombre relacionado con la especulación. Desde la Junta se piensa que son meros intermediarios y que una vez conseguido los derechos traspasarán el negocio del cobre a empresas orientales.

Antes, había pedido a Emed que redujera significativamente la peligrosidad de los residuos. La compañía pretende un recrecimiento de 34 metros en el muro de la presa de cobre y 11 metros en Aguzadera para soportar 250 millones de toneladas de residuos nuevos que se unirán a los ya existentes. En total, la zona acoge 500 millones de toneladas de aguas ácidas y residuos, según los datos aportados por los ex mineros. Sirva de referencia que en Aznalcóllar existía una presa de 175 hectáreas y en Riotinto hay tres con una superficie total de 564. La balsa sevillana acogía 25 hectómetros cúbicos y en Riotinto se alojan 82.

Emed Tartessus controla en la zona minera un perímetro de más de 30 kilómetros y una superficie de 1.200 hectáreas en las que desarrollará el Proyecto Río Tinto.

El acuerdo cerrado con Inland Trading (fruto de una nueva segregación ideada desde Zeitung y Rumbo para cortar el paso a los operarios y dejar sin efecto mandamientos judiciales) incluye los muros de las presas. Precisamente esta propiedad era la que hacía imposible mantener con garantías la zona de Aguzadera.

El acuerdo de compra-venta con Inland se concreta en el pago de un millón de euros en efectivo y otros 1,5 en ocho plazos iguales en un periodo de 24 meses. Los restantes 2,5 millones se abonarán mediante la asignación de 18.511.675 nuevas acciones a un precio de 10,61 peniques por acción. Las opciones de compra pactadas sumarían en total 9 millones de euros y pueden ejercerse en los próximos 4 años.

Estas operaciones, según ha puesto de manifiesto la compañía, suponen la toma de control por parte de Emed Tartessus no sólo de un buen número de hectáreas esenciales para el negocio sino de infraestructuras clave para la gestión de la mina. Emed asegura que buena parte de las parcelas adquiridas albergan las presas de estériles y las instalaciones para controlarlas y evitar accidentes o desbordamientos en caso de lluvias torrenciales.

La compra de la finca de Inland ha servido de complemento al acuerdo firmado con Rumbo 5-Cero. La contraprestación económica que percibirá la promotora sevillana alcanzará los 10 millones de euros. Antes del próximo 28 de septiembre Emed habrá desembolsado un millón tras el acuerdo y otros tres millones y medio en el momento de su ejecución. Los 5,5 millones y medio restantes se satisfacen en forma de emisión de nuevas acciones de Emed Mining a 9,14 peniques.

Emed Mining se asegura que Rumbo no pueda disponer de estas acciones hasta que el proyecto cuente con los permisos necesarios para arrancar la actividad.

Para sellar el pacto, Emed se comprometió a pagar un canon trimestral a Rumbo durante los 10 primeros años de vida de la explotación que según Emed "empieza a contar cundo la capacidad de producción de la mina se estabilice en 9 millones de toneladas al año. Estos pagos sólo serán efectivos cuando el precio del cobre se mantenga por encima de los 2,60 dólares por libra y como máximo alcanzaría la cifra de un millón de euros anuales".

El acuerdo entre las partes incluye el compromiso de investigar el potencial de la explotación conjunta de parte de los estériles contenidos en los depósitos y las escombreras producto de explotaciones anteriores.

Esta colaboración, según ha anunciado Emed, será en forma de una joint venture en la que cada una de las sociedades controlará el 50% del accionariado y en la que Emed será el operador.