El SAS envía a Amama un requerimiento para que mande la información sobre los fallos del cribado de cáncer

La administración sanitaria andaluza le da a la asociación un plazo de diez días hábiles para que le suministre los datos de los que disponga

No responder a este requerimiento está castigado con sanciones que van desde 15.001 euros hasta 600.000 euros de multa, según contempla la ley andaluza de Salud Pública

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La presidenta de Amama, Ángela Claverol, registra en la Fiscalía una denuncia contra la Junta de Andalucía.
La presidenta de Amama, Ángela Claverol, registra en la Fiscalía una denuncia contra la Junta de Andalucía. / M. G.
R. A.

13 de noviembre 2025 - 16:19

La Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha remitido un escrito a la asociación de mujeres con cáncer de mama (Amama) para requerirle "formalmente" para que, "en el plazo máximo de diez días hábiles", le remita "toda la información, documentación o testimonios de los que pudieran disponer" en relación a las posibles incidencias con el funcionamiento del programa de detección precoz del cáncer de mama en la sanidad andaluza.

Mediante este requerimiento, al que ha tenido acceso Europa Press este jueves, y que firma la dirección gerente del SAS, se solicita a Amama la información de la que disponga la asociación referente "a las mujeres en las que se hubiera producido una falla de información y un retraso en la realización de la prueba diagnóstica recomendada tras un hallazgo radiológico probablemente benigno", los resultados no concluyentes.

Según agrega el SAS en su escrito, dirigido a la presidenta de Amama, Ángela Claverol, "este requerimiento se formula con el fin de garantizar la revisión exhaustiva de cualquier posible caso no detectado por los circuitos oficiales, asegurar el cumplimiento de las obligaciones que esta Administración tiene en materia de vigilancia y protección de la salud pública y evitar la generación de alarma social derivada de la difusión de cifras o afirmaciones no verificadas".

"La información que se aporte será tratada con absoluta confidencialidad y su utilización quedará limitada a las actuaciones de investigación administrativa, análisis técnico-sanitario y mejora continua de la calidad asistencial", precisa el SAS en su requerimiento, en el que agradece "por anticipado" a Amama "la colaboración obligada que deriva de la normativa citada", y queda "a la espera de recibir la información requerida en el plazo indicado".

El SAS justifica este requerimiento señalando que, "en los dos últimos meses, la Amama ha realizado diversas manifestaciones públicas relativas a supuestas incidencias en el programa de detección precoz del cáncer de mama, señalando la existencia de un número de mujeres que no habrían sido informadas y que habrían sufrido retrasos en la realización de pruebas diagnósticas en una magnitud muy superior a la comunicada oficialmente por esta Administración sanitaria".

La ley andaluza de Salud Pública de 2011, avisan fuentes de la Junta de Andalucía, prevé como infracción muy grave "la negativa absoluta a facilitar información, a suministrar datos o a prestar colaboración a las autoridades sanitarias o a los funcionarios de salud pública en el ejercicio de sus funciones". La comisión de una irregularidad muy grave contempla multas desde 15.001 a 600.000 euros.

El SAS añade que "la Junta de Andalucía, a través de la Comisión de Participación y Seguimiento del Programa de Cribado de Cáncer de Mama -en cuya actividad esta asociación participa- ha trasladado de forma continuada información completa, precisa y contrastada", y "en dicho marco se ha informado tanto de las mujeres en las que se detectó una falla de información como de aquellas derivadas al ámbito hospitalario tras un hallazgo radiológico probablemente benigno que pudieron experimentar un retraso en la realización de la prueba complementaria indicada conforme a los tiempos clínicos establecidos".

"Las cifras difundidas por Amama no se corresponden con los datos verificados en los registros clínicos oficiales, generando una discrepancia que, por su impacto sanitario y social, exige una aclaración inmediata y documentada", señala el SAS, que justifica así este requerimiento "en virtud de las competencias que corresponden a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de sanidad interior y salud pública", y, "especialmente, en atención al deber de colaboración establecido" en la legislación vigente.

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