El vicepresidente de la Junta de Andalucía Manuel Jiménez Barrios ha asegurado este martes a la juez María Núñez Bolaños que conoció a través de la Federación de Empresarios la ayuda que en el año 2003 solicitó en su condición de alcalde de Chiclana de la Frontera (Cádiz). A la salida de una breve comparecencia en calidad de testigo y que ha durado menos de cinco minutos, Jiménez Barrios ha recordado que venía a declarar por “una cuestión de hace 13 años” y que está prescrita. 

El vicepresidente andaluz, que ha querido insistir en que declaraba como testigo en una comparecencia que ha calificado como un “mero trámite”, ha explicado que su participación en relación con esta subvención “se limitó única y exclusivamente como alcalde a solicitarle a la Junta de Andalucía, como a otras muchas instancias públicas y privadas, una ayuda para montar la feria de muestras que organizaba la federación de empresarios” y ha añadido que nombró “comisario de la muestra al que luego fue alcalde del Partido Popular que justificó precisamente la ayuda”.

Sólo la Fiscalía Anticorrupción ha planteado unas pocas preguntas a Jiménez Barrios, entre ellas si la ayuda se utilizó para el fin para el que se concedió.

En mayo pasado, la juez María Núñez Bolaños, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos, archivó la causa contra el que fuera alcalde de Chiclana, al estimar que los delitos de prevaricación y malversación que se les podrían atribuir han prescrito al haber transcurrido más de diez años desde que se concedieron las ayudas. No obstante, la causa continúa contra los responsables de la Junta que participaron en la concesión de las subvenciones, dado que al tratarse en este caso de un delito continuado el plazo de prescripción sería de 15 años y no de diez. 

La juez recordó en ese auto que se investiga la ayuda concedida al ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (Cádiz) por la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta para la financiación de la Feria de Muestras y Turismos VII centenario, que se celebró del 8 al 11 de mayo de 2003. 

En virtud del convenio suscrito entre el ex director de Trabajo Javier Guerrero y el IFA se concedieron 24.000 euros al Consistorio, que fueron abonados el 27 de noviembre de 2003 con cargo a la partida 31L, conocida popularmente como el fondo de reptiles.

Según la juez Bolaños, la ayuda se destinó “en su totalidad a la finalidad para la que se concedió” y además el Ayuntamiento de la localidad gaditana procedió a la devolución del dinero una vez que la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta exigió en abril de 2014 el reintegro de la misma.

La juez considera que esta ayuda está prescrita de acuerdo con los argumentos esgrimidos recientemente por la Audiencia de Sevilla para declarar la prescripción, por cuanto se trata de una subvención inferior a 450.000 euros, en la cual no resulta de aplicación el subtipo agravado, y además han transcurrido más de diez años desde que se realizó el pago, por lo que según Bolaños procede declarar prescritos los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos y “acordar el sobreseimiento provisional respecto a Manuel Jiménez Barrios”, que era alcalde de la localidad en la fecha en la que se obtiene la subvención pero que no ha estado imputado en ningún momento por estos hechos.