La Junta volvió a reiterar ayer su postura: no va a aplicar el copago en medicamentos en farmacia hospitalaria y presentará el recurso de alzada contra esta medida dispuesta por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad "antes del 1 de octubre", fecha de entrada en vigor de una acción que "afecta a personas que padecen enfermedades graves, de colectivos sociales frágiles y que precisamente por este copago pueden dejar sus tratamientos". Pero el supuesto ahorro que argumenta el Gobierno central para promover esta iniciativa no es tal, al menos según las cuentas de la Junta expresadas ayer por la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en su primera comparecencia ante los medios desde su llegada al cargo. Para María José Sánchez Rubio, aunque quedan "muchos números por hacer", el resultado es contundente: "El coste de la aplicación de la medida es mucho más caro que el ahorro que produce".

España ahorraría "1,7 millones de euros" y supondría "medio millón de euros de ahorro en el coste de los fármacos en Andalucía" en el caso de que se aplicara el copago que, a grandes rasgos, consiste en el cobro de 4,20 euros por cada envase de medicamento del centenar de fármacos necesarios para desarrollar con éxito los 42 tratamientos de "enfermedades graves" como "cánceres y enfermedades infecciosas" que se atienden en los hospitales de la sanidad pública y que a día de hoy afectaría directamente a 90.000 pacientes andaluces, muchos de ellos con enfermedades crónicas. Además, señaló Sánchez Rubio, la mayoría de estas patologías graves "llevan asociadas otro enfermedades que a su vez están copagando medicación en las oficinas de farmacia", una medida ésta última recurrida ante el Constitucional.

En el caso de que el copago de farmacia hospitalaria se aplicara en Andalucía, el coste de las medidas organizativas, administrativas e informáticas necesarias para su puesta en marcha es superior al cobro de los fármacos, vino a decir la consejera, que se preguntó si detrás de esta medida no se esconde la intención de que estos medicamentos se dispensen en farmacias convencionales, lo que beneficiaría a los laboratorios pero incrementaría en 50 millones el coste de la factura farmacéutica de la Junta.

Con todo, además de la postura contraria a todo tipo de copago en el ámbito sanitario, la Junta fundamenta su recurso de alzada contra esta medida en la falta de previsión y en la urgencia con la que ha sido aprobada. "Resulta materialmente imposible aplicar la medida en unos cuantos días sin lesionar los intereses de los enfermos que están con estos tratamientos", por lo que la consejera confió en el departamento de Mato "dé marcha atrás con esta medida ante la crítica generalizada" en la próxima Comisión de Farmacia, que tiene lugar el próximo 1 de octubre.

La ministra de Sanidad quiso responder al anuncio de recurso del Gobierno andaluz y argumentó que "Andalucía, como otras comunidades, tiene bastantes deudas en Sanidad, que ponen en riesgo el futuro de la misma, por lo que creo que deberían ser conscientes de usar todos los medios para garantizar la Sanidad".