El Reino Unido se quedó solo en su rechazo al nuevo tratado para reforzar la disciplina fiscal en la zona euro y salir de la crisis, al que previsiblemente se sumarán los demás miembros de la UE, después de que Londres se excluyera por no lograr incluir sus objetivos. Suecia, República Checa y Hungría se desmarcaron claramente del escepticismo británico al expresar su disposición a participar en el pacto intergubernamental para restaurar la confianza en la zona del euro, aunque indicaron que necesitarán consultar a sus parlamentos nacionales.

Los 17 países que comparten la moneda única, más Bulgaria, Dinamarca, Letonia, Lituania, Polonia y Rumanía ya habían expresado a primera hora del viernes su intención de sumarse al proceso, del que aún deben concretarse cuestiones como el papel que desempeñarán las instituciones comunitarias. "Habríamos preferido un cambio completo del tratado a Veintisiete, pero al no lograr una decisión unánime tuvimos que adoptar otra decisión", explicó el presidente del Consejo Europeo, Herman van Rompuy, al término del encuentro.

Al no implicar a todos los miembros de la UE, el nuevo tratado no será comunitario sino de carácter internacional (igual que era el Tratado de Schengen antes de ser asimilado en la legislación comunitaria). Por ello, Van Rompuy reconoció que esta vía implica "ciertos obstáculos" en relación a la participación de las instituciones europeas en el cumplimiento del tratado, pero confió en poder superarlos.

El presidente del Ejecutivo comunitario, José Manuel Durao Barroso, se pronunció en la misma línea: "En términos del papel de las instituciones se pueden hacer muchas cosas con este tratado", si bien admitió que "algunas de las decisiones son un poco complicadas, estamos examinándolas y creemos que se encontrará una buena solución". Barroso destacó, no obstante, que aunque habría sido más sencillo contar con un acuerdo apoyado por todos los socios europeos, esta nueva vía a 26 "será probablemente más rápida".

La canciller alemana, Angela Merkel, coincidió en que el proceso "será muy rápido", ya que "a principios de marzo debería estar listo el tratado, que se ratificará inmediatamente". Merkel se mostró satisfecha con el resultado, después de haber logrado numerosas concesiones de sus socios europeos, como posponer la emisión común de deuda (eurobonos), y consideró que esta cumbre marca "un punto de inflexión hacia una unión de estabilidad".

El primer ministro británico, David Cameron, quien abandonó el encuentro sin ofrecer las tradicionales declaraciones a la prensa, se enrocó en la madrugada del viernes en sus reclamaciones para quedar excluido de la regulación financiera de la UE, que fueron consideradas "inaceptables" por el presidente francés, Nicolas Sarkozy.

Más allá de los problemas de forma, los Veintisiete sí lograron un acuerdo para acelerar un año la entrada en vigor del fondo de rescate permanente (MEDE) y combinarlo hasta mediados de 2013 con el fondo temporal (FEEF), que dispone en la actualidad de una capacidad de intervención de 250.000 millones de euros. El MEDE, por su parte, mantendrá de momento un límite de 500.000 millones de euros en su dotación, cuya idoneidad será revisada en marzo de 2012, pero no recibirá las características de una institución crediticia, lo que le hubiera permitido acceder al Banco Central Europeo y tener una capacidad de intervención casi ilimitada. El recurso al BCE y la posibilidad a largo plazo de emitir deuda común, los llamados eurobonos, cayeron durante las negociaciones por la oposición de Alemania.

La UE acordó, por otro lado, reforzar con 200.000 millones de euros, a través de préstamos bilaterales, los recursos del Fondo Monetario Internacional (FMI) para que pueda hacer frente a hipotéticos nuevos rescates de países en dificultades, una decisión que tendrá que ser confirmada en los próximos 10 días. Los Veintisiete decidieron también eliminar la posibilidad de que el sector privado participe en los rescates, que en el caso de Grecia se tradujo en una condonación de la deuda del 50 % que tuvo un impacto muy negativo en los mercados, según el propio Van Rompuy. El Consejo Europeo cerró también un acuerdo sobre disciplina fiscal, que obliga a fijar en las constituciones nacionales un límite al déficit estructural anual del 0,5% del PIB, así como para imponer de forma más inmediata sanciones a países incumplidores de los objetivos de déficit y deuda.