El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó por unanimidad suspender cautelarmente en sus funciones al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en cumplimento de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) tras haberse abierto juicio oral contra él en el Tribunal Supremo por una presunta prevaricación, que habría cometido al investigar las desapariciones del franquismo careciendo de competencia para ello. No obstante, el órgano de gobierno de los jueces podría concederle aún el permiso que ha solicitado para ocupar una plaza de asesor en la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) con sede en La Haya (Holanda), una decisión que debía tomar este viernes pero que han acordado aplazar. 

Así lo explicó la portavoz del Consejo, Gabriela Bravo, al término del Pleno extraordinario en el que se trató este asunto, y que se prolongó durante algo más de dos horas. Según Bravo, este acuerdo se ha adoptado en cumplimiento de los artículos 383.1 y 384 de la LOPJ, al entender que el auto de apertura de juicio oral dictado el pasado miércoles por el magistrado del Supremo Luciano Varela -que es quien ha investigado la querella presentada por Manos Limpias por el asunto de la Memoria Histórica-, determina la salida temporal de Garzón de la Audiencia Nacional mientras se resuelve este procedimiento penal, donde se solicitan para el magistrado 20 años de inhabilitación. 

La suspensión no determina la pérdida de su plaza en la Audiencia Nacional aunque se prolongue más de seis meses, puesto que la resolución deriva de una decisión judicial -que aún debe sustanciarse- y no de un acuerdo disciplinario del CGPJ, según fuentes jurídicas. Habrá que esperar a conocer si Garzón es finalmente condenado o absuelto, pues en el segundo de los casos la suspensión sería anulada. Además, hay que tener en cuenta que en el ínterin aún podría sentarse al juez en el banquillo por las otras dos causas que tiene pendientes en el Supremo -por los cursos que dirigió en la Universidad de Nueva York patrocinados por el Banco Santander y por intervenir las conversaciones de los cabecillas de la trama Gürtel en prisión-, lo que prolongaría de facto su situación de "juez suspendido". 

Bravo explicó en rueda de prensa que se ha informado a Garzón vía telefónica de la decisión de suspenderle, aunque sólo de la parte dispositiva de la resolución, pues el resto debe aún ser redactado. Una vez se le notifiquen las motivaciones del acuerdo, lo que se realizará "lo antes posible", Garzón se considerará oficialmente apartado del Juzgado Central de Instrucción número 5 tras 23 años de ejercicio en este órgano. 

La suspensión fue acordada de forma unánime por un Pleno integrado por 17 vocales del Consejo más el presidente Dívar, ya que finalmente se rechazó la recusación que había presentado Garzón contra la vocal Gemma Gallego al considerar que la "enemistad manifiesta" que le profesa podría incidir en su votación para apartarle cautelarmente de la Audiencia Nacional. Gallego permaneció fuera de la sala de juntas y se incorporó a las discusiones una vez se le comunicó que la recusación había sido desestimada, según informaron fuentes del Consejo. 

Tampoco formaron parte del Pleno el vocal José Manuel Gómez Benítez -quien se ausentó voluntariamente en su condición de ex abogado y amigo personal de Garzón- el vicepresidente de este órgano, Fernando de Rosa; ni la vocal Margarita Robles. Los dos últimos fueron recusados igualmente por el magistrado de la Audiencia Nacional y se apartaron de la discusión en aras a preservar la imagen de imparcialidad del órgano de gobierno de los jueces.  Así las cosas, el acuerdo de suspensión fue adoptado por el presidente Dívar, los vocales designados a propuesta del PP (Gemma Gallego, Pío Aguirre, Manuel Almenar, Miguel Collado, Antonio Dorado, Claro José Fernández, Concepción Espejel y Antonio Montserrat), otros siete nombrados a instancias del PSOE (Almudena lastra, Felix Azón, Miguel Carmona, Gabriela Bravo, Manuel Torres-Vela, Inmaculada Montalbán y Carles Cruz) y los designados a propuesta de Ciu (Ramón Camp) y PNV (Margarita Uría).

Interpretar la Ley para el traslado

La portavoz no aclaró durante su comparecencia ante los medios de comunicación si la Ley permite que un juez suspendido pueda ser declarado en situación de "servicios especiales", tal y como solicita Garzón, para ocupar su nuevo destino en La Haya sin perder por ello su plaza en la Audiencia Nacional.  No obstante, fuentes del Consejo señalan que es bastante probable que finalmente se encuentre alguna fórmula jurídica que permita el traslado de Garzón al TPI. El propio presidente del Consejo, Carlos Dívar, manifestó que "es muy importante" que cuando todos pretenden tener la razón se intente "acortar distancias para llegar a soluciones satisfactorias para todos", explicó.

Preguntada por si al Consejo le preocupa que su decisión contra Garzón pueda afectar al prestigio internacional de la Justicia española, Bravo aseguró que se respetan todas las discrepancias que puedan producirse, reconociendo la "dimensión mediática que este asunto ha podido adoptar", pero recalcó que España cuenta con un sistema judicial garantista y unos jueces constitucionales que, desde su independencia y su responsabilidad aplican las leyes. "El Tribunal Supremo, a lo largo de 30 años de democracia, ha dado muestras evidentes de ser un órgano que ha actuado siempre conforme a derecho", recalcó.

El CGPJ aplaza su decisión sobre el traslado de Garzón a La Haya

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aplazado su decisión sobre el traslado temporal a la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya del juez Baltasar Garzón.

El CGPJ ha acordado por unanimidad que, antes de pronunciarse sobre la petición de Garzón, necesita cinco nuevos informes, entre ellos uno de la Sala II del Tribunal Supremo (TS) y otro del Fiscal General del Estado, para que aclaren si el traslado es posible tras la suspensión cautelar del juez. Además de estos dos informes, la Comisión Permanente, que se ha reunido durante apenas una hora, ha acordado dirigirse de nuevo a la CPI para saber si ratifica el ofrecimiento a Garzón tras su suspensión cautelar, y al Ministerio de Asuntos de Exteriores para que se vuelva a pronunciar sobre el traslado de Garzón a la vista de su nueva situación. También se dirigirá a la Secretaría General del CGPJ para que tenga en cuenta en su nuevo documento la nueva situación administrativa del juez de la Audiencia Nacional, ha informado el Consejo.

La Comisión Permanente, de la que forman parte el presidente del CGPJ, Carlos Dívar, las vocales progresistas Margarita Robles y Almudena Lastra, así como los vocales del sector conservador Manuel Almenar y Antonio Dorado, resolverá a la "mayor celeridad" y de forma inmediata sobre el traslado de Garzón una vez que reciba estos nuevos cinco informes.

El CGPJ también ha enviado a Garzón la notificación de su suspensión cautelar, que de esta forma, según fuentes jurídicas, se hace efectiva. El magistrado ha recibido la comunicación en su despacho de la Audiencia Nacional, adonde había regresado esta tarde tras haber abandonado la sede judicial al mediodía entre las muestras de apoyo y de afecto de los funcionarios, los jueces y los fiscales destinados en esta sede judicial.