Sociedad

Sor María, citada a declarar como imputada por el robo de bebés

  • La religiosa deberá presentarse ante el juez el próximo día 12 acusada de detención ilegal y falsedad en documento público.

La religiosa María Gómez Valbuena, más conocida como sor María, ha sido citada a declarar en calidad de imputada el próximo 12 de abril ante el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, que investiga la causa de los denominados niños robados. Así lo han confirmado fuentes jurídicas, que han explicado que sor María, que tiene cerca de 80 años, deberá declarar ante el juez por la denuncia de María Luisa Torres, una madre que la acusa de haberla arrebatado a la hija que tuvo en marzo de 1982 en la clínica Santa Cristina de Madrid. Las mismas fuentes han destacado que la citación de sor María, prevista en un principio para el día 17, ha sido cambiada por el juzgado para el día 12, día en que se van a reunir las asociaciones de niños robados con los ministros del Interior, Justicia y Sanidad, Jorge Fernández, Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Mato, respectivamente, además de con el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce.

La religiosa, que vive en un convento en Madrid de las hermanas de la Caridad, es la primera persona a la que un juez abre diligencias por un caso de niños robados, después de haber remitido la denuncia la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Madrid. Se le imputan los delitos de detención ilegal y falsedad en documento público cuando trabajaba como asistente social en la clínica Santa Cristina cuando ocurrieron los supuestos hechos.

El pasado día 3 María Luisa Torres acudió ante el magistrado Carretero como testigo para ratificar su denuncia contra sor María y contó que ésta le quitó a su bebé tras llamarla "adúltera", ya que el padre no era su marido, y que anteriormente también la había intentado engañar diciéndole que la niña había fallecido en el parto. Torres y su hija Pilar, que se reencontraron hace medio año tras confirmarse su relación biológica por pruebas de ADN, comentaron a la salida de los juzgados que esperaban que se hiciera justicia y que su caso sirva para dar "pasos de gigante" en un asunto difícil de demostrar por la posible prescripción de los delitos o por la dificultad de hallar pruebas acusatorias.

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