Los grupos de la oposición del Ayuntamiento de Motril piden a la alcaldesa que asuma responsabilidades políticas por respeto a la ciudad y a los motrileños, tras conocerse el informe de la Intervención municipal donde se determinaba que el pago realizado para hacer frente a una condena judicial con dinero de su grupo municipal, vulneraba la normativa que estipula el destino de las asignaciones de los grupos municipales.
Reseñan que el informe de la Intervención evidencia que faltó a la verdad desde el momento en el que se conoció su utilización de fondos económicos del Grupo municipal para pagar un gasto particular.
En este sentido, el concejal de IU-Equo en el Consistorio motrileño, Jose García Llorente, ha señalado que García Chamorro afirmó que contaba con la fiscalización del gasto por parte de la Intervención algo que, "como se ha demostrado, era falso".
García Llorente ha indicado que la representante del municipio "no puede ser una persona condenada por el Tribunal Supremo" por injuriar a un adversario político, y que ha sido "señalada por la opinión pública" por la utilización de dinero de su Grupo municipal para el pago de una multa particular y que se encuentra a la "espera de lo que decida la Fiscalía" sobre su comportamiento.
Por su parte, el vice portavoz del PSOE, Francisco Sánchez-Cantalejo, ha indicado que " tendrá que asumir su responsabilidad política, porque la judicial la dirimirá el tribunal correspondiente".
Sánchez-Cantalejo ha recordado las palabras reflejadas en el informe del Interventor respecto a que "el hecho de que haya recaído condena, impide que el Ayuntamiento tuviera cobertura legal para asumir esos gastos".
Para IU-Equo, la realidad es que el gasto de 4.000 euros utilizados por la alcaldesa para pagar sus gastos jurídicos no "está relacionado con un gasto propio del grupo político", sino que se trata de "un gasto particular ajeno a esta finalidad".
Estas declaraciones llegan después de que el martes la alcadesa de Motril, Luisa García Chamorro, hiciese público el informe realizado por el interventor municipal, a petición suya, en el que se determina que el pago realizado para hacer frente a unos gastos jurídicos con dinero de su grupo municipal "vulnera la normativa que regula el destino de la asignación a los grupos políticos".
Según dicho informe, se trata de un "gasto ajeno al funcionamiento del grupo" por lo que "es contraria a las disposiciones aplicables vigentes".
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