Un informe realizado por el interventor municipal del Ayuntamiento de Motril determina que el pago realizado para hacer frente a una condena judicial por parte la alcaldesa, Luisa García Chamorro, con dinero de su grupo municipal "vulnera la normativa que regula el destino de la asignación a los grupos políticos".

Según el informe de la intervención municipal, que ha sido desvelado hoy y al que ha tenido acceso Granada Hoy, determina que el pago efectuado por García Chamorro es un "gasto ajeno al funcionamiento del grupo" por lo que "es contraria a las disposiciones aplicables vigentes".

De igual forma determina que los 4.000 euros utilizados para pagar las costas judiciales ocasionados no "está relacionado con un gasto propio del funcionamiento del grupo político" sino que "se trata de un gasto particular ajeno a esta finalidad".

En el informe se arroja que "es evidente que no concurren los requisitos enumerados, dado que el grupo político realizó dos pagos a la concejala cuyo destino era el pago de unas costas judiciales derivadas de una condena judicial. El hecho de que haya recaído condena impide que el Ayuntamiento tuviera cobertura legal alguna para asumir esos gastos".

En 2019, García Chamorro utilizó fondos del partido para hacer frente a los gastos derivados de una multa que se le había impuesto tras unas declaraciones realizadas en 2011 sobre el ex director de Visogsa, una empresa de Vivienda, Suelo y Equipamiento dependiente de la Diputación de Granada. Unas días antes de que se celebrase el Congreso Local del Partido Popular de Motril, donde García Chamorro salió elegida presidenta del PP local, se filtraron unos documentos, presuntamente, por parte de un grupo de militantes de los populares motrileños "descontentos con la forma de hacer política", con una serie de cartas dirigidas a altos cargos del partido donde se les informaba de "la presunta utilización irregular de fondos provenientes de dinero público" por parte de la alcaldesa para hacer frente al pago de una sanción personal, así como unas fotocopias donde se mostraban dos documentos bancarios donde se refleja el envío de 4.000 euros, entre las dos operaciones, desde la cuenta del Grupo Municipal a una de la popular. 

En todo momento, la responsable municipal declaró sentirse segura al haberse realizado "conforme a lo marcando por la asesoría jurídica del partido", ya que la multa la pagó ella con dinero propio mientras que las costas y gastos judiciales se efectuaron por parte del partido, debido a que en ese tiempo era concejala del Ayuntamiento de Motril. No obstante, días después procedió a la devolución de los fondos y solicitó un informe a la Intervención del Ayuntamiento para delimitar si este tipo de pagos se ajustan a la normativa.

En rueda de prensa convocada para hacer público dicho informe, la alcaldesa de Motril ha señalado que hizo uso del dinero del partido al considerarlo algo "lícito" y con el beneplácito de sus asesores en ese momento, que le aseguraron que los hechos eran correctos y que se podía hacer frente a las costas judiciales con dinero del grupo político al entender que en el momento de las declaraciones estaba representando al partido. 

García Chamarro ha querido dejar claro y ha hecho hincapié en varias ocasiones, tras las diferentes versiones ofrecidas, que el dinero utilizado era "exclusivo" del grupo político al que pertenece y que en ningún momento correspondía a otras partidas del Ayuntamiento, y que ya ha sido devuelto al propio partido ante las dudas que existía.

Además, ha puntualizado que en todo momento actuó de forma transparente y que nunca negó los hechos ocurridos, al considerar que no se había actuado de mala fé, pero que, tras el revuelo ocasionado, considera que está sometida una campaña de descredito personal.

De igual forma y para que no se vuelva a repetir la situación, ha anunciado que los técnicos municipales realizar un reglamento interno que establezca y se especifique donde se puede utilizar las asignaciones municipales a los grupos políticos

Reglamento que será sometido posteriormente a la comisión municipal correspondiente en el que se encuentran todos los grupos políticoscon representación en el Ayuntamiento de Motril. Y posteriormente será tratado para su aprobación en el Pleno municipal.

Y ha informado que sus abogados están estudiando las posibilidades legales para que se esclarezca quienes son los responsables de filtrar sus datos personales, entre los que se encuentra su cuenta bancaria, al entender que "esos documentos no se deben de filtrar, y más al contener datos personales de cuentas bancarias" y que, interpondrá la denuncia "caiga quién caiga, porque en política no todo vale".