Tribunales

Un juez acusa al Ayuntamiento de Motril de incumplir los mínimos de seguridad por la falta de bomberos

  • El Consistorio, que alegó "motivos económicos" para justificar el déficit de personal, ha anunciado que reforzará el servicio con tres nuevos bomberos

Imagen de archivo de Bomberos de Motril durante una intervención en la localidad. Imagen de archivo de Bomberos de Motril durante una intervención en la localidad.

Imagen de archivo de Bomberos de Motril durante una intervención en la localidad. / G. H.

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El Ayuntamiento de Motril ha sido acusado de no cumplir con las normas de seguridad debido a la falta de bomberos. El magistrado del Juzgado de lo Social 1 de Motril, Benito Raboso del Amo, obliga al Ayuntamiento a adoptar las medidas necesarias "para evitar dicho incumplimiento y a elaborar el correspondiente plan de prevención actualizado y acorde a la situación actual que evite los riesgos derivados" del mismo. Así se recoge en la sentencia fechada a 25 de febrero de 2019, a la que ha tenido acceso Granada Hoy.

Ante ello, la mañana de este miércoles, la teniente de alcalde responsable de Seguridad Ciudadana, María Ángeles Escámez, informó que el Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge la oferta pública de tres bomberos de nuevo ingreso para el Parque de Extinción de Incendios de Motril, concretamente, dos bomberos y un bombero-conductor. Con esta medida, da respuesta al requerimiento judicial que le instaba a adoptar "cuantas medidas sean necesarias" para solventar la situación.

Del 7 al 26 de marzo, ambos inclusive, se podrán presentar las solicitudes en el Ayuntamiento de Motril, y a partir de ahí, se procederá al preceptivo proceso de selección de los candidatos. Por otra parte, María Ángeles Escámez adelantó que elevará al pleno de marzo, la ampliación del número de bomberos en base a la tasa de reposición por jubilación. Esto supondría otros cuatro bomberos más que también saldrán a oferta pública.

En el año 2009, el colectivo de Bomberos de Motril y el Ayuntamiento de la localidad firmaron el Convenio en el que se establecía que el personal mínimo de servicio (turno) debía estar compuesto por un mando, tres bomberos, dos bomberos-conductores y una persona en comunicaciones, así como que la dotación mínima de la primera salida sería la formada por un mando, dos bomberos y un bombero conductor.

Pese a ello, desde el año 2016, los sindicatos de Bomberos comenzaron a registrar varios escritos de queja ante el Consistorio, en los que se evidenciaba el "incumplimiento de las dotaciones mínimas de personal del cuerpo de bomberos del municipio, siendo todos ellos desestimados por silencio administrativo", según recoge la sentencia.

Un año después, el Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB) decidió interponer una denuncia ante la Inspección de Trabajo por "los posibles riesgos laborales que se pudieran derivar del déficit de efectivos en los turnos de trabajo". En el informe realizado por la Inspección se recogía que la jefa de Servicio de Personal del Ayuntamiento, el jefe de Bomberos y un técnico del Servicio de Personal reconocían que "debido a las restricciones presupuestarias" no era posible ampliar la plantilla.

Asimismo, los tres comparecientes manifestaban que era este el motivo por el que no se cumplían en todas las ocasiones las dotaciones mínimas contempladas en el convenio, que se intentaba cubrir "mediante la ejecución de horas extraordinarias de forma voluntaria", pero que sí se cubría la dotación mínima de salida (cuatro efectivos). Sin embargo, la Inspección de Trabajo reconocía en el mismo que resolver esta situación no era su competencia, sino que debía resolverse "por las vías habilitadas para ello".

A tenor de este informe, el SAB solicitó a la Comisión de Seguimiento del Convenio de Funcionarios el inicio de una mediación para solucionar este conflicto colectivo. Sin embargo, este proceso no se puso en marcha por lo que finalmente el sindicato recurrió a la vía judicial para su resolución, "ante las continuas promesas estériles y desplantes de la concejal de Seguridad Ciudadana de Motril, María Ángeles Escámez", según manifestaron desde el SAB.

El colectivo denunció que se esta vulnerando "la normativa específica de prevención de riesgos laborales en un doble sentido: por vulneración  del derecho que asiste a los trabajadores del cuerpo de bomberos a ser protegidos frente a los diversos riesgos laborales que son inherentes a la profesión al cubrir emergencias con menos efectivos de los recomendados normativamente; y por infringir la administración demandada los principios de acción preventiva por cuanto no se están implementando medidas para evitar las intervenciones con menos efectivos de los que deben asistir".

La sentencia judicial, en la que se explica que el Servicio de Bomberos no sólo se circunscribe al término municipal de Motril, sino que abarca un total de doce núcleos de población, expone que "el incumplimiento de tal número de efectivos por parte del ayuntamiento demandado se viene reiterando en el tiempo, sin tomarse las medidas organizativas adecuadas que lo evite, pese a las numerosas quejas que se vienen produciendo desde el año 2016".

Del mismo modo, el magistrado manifiesta que "se constata el incumplimiento reiterado de los dispuesto en el Convenio, así como la pasividad de la Administración poniendo en peligro no sólo la integridad de los ciudadanos, sino lo que es aún más importante, la seguridad y salud laboral de los integrantes del Cuerpo de Bomberos, al tener que cubrir servicios con una Unidad Básica de Intervención menor de la requerida para preservar los estándares de Prevención de Riesgos, o incluso en muchos casos, sin mandos operativos con el riesgo que ello conlleva".

Ante ello, considera admitir a trámite la demanda "al no poderse admitir que por motivos presupuestarios se mantenga una plantilla del cuerpo de bomberos a toda luz insuficiente que le impide cumplir con las obligaciones laborales y sociales encomendadas y conlleve el incumplimiento fragante de las obligaciones adquiridas" por el Ayuntamiento de Motril en materia de prevención de riesgos laborales.

Así, el juez dicta en la sentencia, contra la que cabe recurso, que "el ayuntamiento demandado incumple las normas de seguridad y salud laboral en lo relativo al colectivo de bomberos demandante por incumplimiento de la dotación mínima de efectivos en el servicio", por lo que "declara el derecho de dicho colectivo a que se adopten por el ayuntamiento cuantas mediadas sean necesarias para evitar dicho incumplimiento".

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