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La trama Gürtel 'se cuela' en las obras del mercado municipal de Almuñécar

  • El Ayuntamiento anuncia que estudiarán tomar medidas legales tras las últimas declaraciones de Convergencia Andaluza, que tilda de "corrupto" el acuerdo de las obras

Solar donde irá ubicado el mercado municipal

Solar donde irá ubicado el mercado municipal / G. H.

La tensión por las discrepancias políticas en torno a la realización de las obras del mercado municipal de Almuñécar enfrenta al equipo de Gobierno y a Convergencia Andaluza con dimes y diretes que se extienden en el tiempo y que ha dado lugar a varias denuncias de por medio. 

Unas acusaciones realizadas por Convergencia Andaluza que desde el Ayuntamiento sexitano anuncian que estudiaran si llevarlas al Juzgado, ante "la gravedad del asunto", al considerar que "sobrepasan la línea de lo políticamente correcto".

El jueves, Convergencia Andaluza –grupo en la oposición- acusó en rueda de prensa que la constructora CHM Obras e Infraestructuras, es la empresa "beneficiaria" de las futuras obras de construcción del nuevo mercado municipal. Asegurando que se trata de una empresa condenada por corrupción en el caso Gürtel, y añadiendo que la tramitación del contrato esta "plagado de irregularidades", con un "sobrecoste de 290.000 euros".

Declaraciones que, para la alcaldesa de Almuñécar, Trinidad Herrara, son el resultado de "una política desfasada y obsoleta" que solo busca el "acoso y derribo" del equipo de Gobierno, al tratarse de unas declaraciones que "no sólo atentan contra el honor y la dignidad" de los responsables municipales, sino también a la de los técnicos municipales.

Herrera asegura que los andalucistas saben que "el procedimiento del mercado se ha hecho ajustándose al máximo a la legalidad y con absoluta transparencia", y lo único que están haciendo es "poner obstáculos y piedras en el camino para que esta tramitación administrativa se alargue" y dé como resultado la no conclusión de las obras.

Por su parte, con anterioridad, el portavoz de CA, Juan Carlos Benavides, aseguró que el Ayuntamiento forzó la demolición del mercado "generando unos costes de más de 11 millones de euros, entre indemnizaciones, demoliciones y la reconstrucción, arruinando de paso a los concesionarios y al entorno comercial".

Benavides incidió en que "intentaron dar un pelotazo entregándole el solar a la empresa Gowex, cuyo presidente fue encarcelado por estafa".

Acusaciones que sorprenden a la alcaldesa de Almuñécar, quien manifiesta que "la licitación es un proceso transparente, donde pueden acudir todas las empresas", algo que "con independencia con lo que judicialmente haya tenido o no", la nombrada empresa "cumple con todos los requisitos, por lo que nadie le puede negar la entrada a una licitación pública". En referencia al presunto pelotazo urbanístico con la concesión de las obras a una empresa cuyo administrador terminó en la cárcel, Herrera explica que, en su momento, esta persona envío una carta al Ayuntamiento mostrando su interés por acudir a la licitación del mercado en los términos que concurrieran todas las empresas.

La responsable municipal, haciendo referencia al pliego de condiciones, explica que pusieron como tope "no bajar del 10% por baja temeraria, porque técnicamente no queremos otro mercado que dure 30 años, ni un centro cívico –en de La Herradura- que sale agua por el escenario, o un acuario que prácticamente se está hundiendo", por lo que añade que prefieren gastar un poco más y llevar a cabo obras que perduren en el tiempo.

Herrera incide en la tranquilidad del equipo de Gobierno sobre los pasos seguidos a la hora de realizar cualquier paso relativo al mercado y añade que tiene "la conciencia muy tranquila y las manos muy limpias". 

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Javier García, añade que si los distintos trámites pendientes se resuelven, según lo previsto, se espera que se pueda comenzar las obras en el primer trimestre de 2022.

En septiembre el pleno del Ayuntamiento aprobó -11 votos a favor y abstención de CA y PSOE- el proyecto de obra del nuevo mercado municipal y su financiación, dando luz verde a un proyecto valorado en cerca de 5,8 millones de euros, tras su demolición en marzo de 2020.

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